“Disparate descomunal”
De esta forma ha calificado el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, la reforma de la Ley de Extranjería pactada entre el Gobierno de España y Junts per Catalunya para hacer obligatoria la reubicación de 4.000 menores migrantes no acompañados de las Islas Canarias al resto de comunidades autónomas.
Una decisión por la que no descartan acudir a los tribunales al igual que otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Galicia.
“Es surrealista que después de todo lo que ha pasado en Melilla, todo lo que ha tenido que invertir y del gasto que ha tenido que realizar a lo largo de todos estos años que nos vayan a mandar menores extranjeros no acompañados”, ha criticado recordando que en 2018 la Ciudad Autónoma acogió a 1975 menores y, en 2019, más de 2.100. Por ello, considera que a la localidad norteafricana “no debería de llegar” ni un solo menor migrantes, porque esgrime que “nosotros ya hemos aportado a lo largo de todos estos años todo ese esfuerzo en todos los sentidos de atender a menores extranjeros no acompañados sin la ayuda del Gobierno”. “Porque ese año pedimos ayuda al Gobierno de Sánchez y este miro para otro lado”, afea.
A su juicio, quien ha marcado “esta fórmula” del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias es el presidente de Junts per Catalunya y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, mientras que el Ejecutivo central “se limita a obedecer a Puigdemont porque el señor Sánchez sabe que si no lo obedece deja de ser presidente de España”. “El señor Sánchez prefiere humillar a todos los españoles para mantenerse en su sillón”, apostilla.
Es por eso por lo que no descarta que la Ciudad Autónoma se sume a otras comunidades autónomas y denuncie ante los tribunales y la Unión Europea (UE) este reparto de menores extranjeros no acompañados, pero dice que tendrán que analizar los términos en los que se produce esa reclamación vía judicial
A preguntas de los periodistas, Marín ha rebatido las declaraciones del diputado socialista en la Asamblea, Rafael Robles, que acusó al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, de “inventarse” las cifras de reparto. “No se inventó nada. Dijo lo que salió publicado dentro de ese reparto de menores a nivel nacional y lo que se establecía para cada una de las comunidades autónomas”, ha finalizado.
