El acuerdo inicial permitirá un tránsito limitado, con solo un camión diario por sentido en cada puesto aduanero, restringido a horarios específicos y camiones no articulados. – Mientras España exportará productos como electrodomésticos y artículos de limpieza, Marruecos enviará productos frescos, como frutas y pescados
España y Marruecos se encuentran en la fase final de las negociaciones para la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, un proceso que ha tomado más de dos años y ocho meses de complicadas gestiones, tal y como así ha avanzado EL PAÍS.
La aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Rabat en agosto de 2018, y la de Ceuta, que se abrirá por primera vez, forman parte de la hoja de ruta acordada en abril de 2022 durante la visita del presidente Pedro Sánchez a Rabat. Sin embargo, las fuentes consultadas han evitado precisar una fecha exacta, señalando que los trámites se han retrasado varias veces, incluida la última fecha prevista, el 2 de enero.
El acuerdo inicial permitirá un tránsito limitado, con solo un camión diario por sentido en cada puesto aduanero, restringido a horarios específicos y camiones no articulados. Mientras España exportará productos como electrodomésticos y artículos de limpieza, Marruecos enviará productos frescos, como frutas y pescados.
“Pérdida de soberanía comercial”
A pesar de ello, el comercio estará sujeto a fuertes limitaciones, lo que ha generado críticas, especialmente del presidente melillense, Juan José Imbroda, quien cuestiona la utilidad del acuerdo para el comercio local y denuncia una supuesta pérdida de soberanía comercial.
Desde Madrid se ha negado que las exportaciones estén limitadas a productos fabricados en las ciudades autónomas, pero las restricciones han levantado polémicas entre empresarios y autoridades locales. Por su parte, Rabat ha mantenido una postura cautelosa durante todo el proceso, posponiendo pruebas piloto y rebajando las expectativas de Madrid. A pesar de las dificultades, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en diciembre que no serían necesarias más pruebas y que España estaba lista para proceder.