El Gobierno español busca reformar el sistema de bajas laborales ante el aumento de solicitudes y sospechas de abusos. Se implementarán medidas de verificación y revisiones médicas para asegurar la legitimidad de las bajas, especialmente en Melilla.
El organismo público desconfía de la gran cantidad de bajas laborales, por lo que está dificultado el acceso a ellas, de esta forma el Gobierno, que hasta ahora no había hecho prácticamente nada para combatir una lacra que perjudica a miles de empresas en España y Melilla, abre otro frente, muy necesario, de reforma.
La Seguridad Social ha registrado, hasta ahora, registra 4.500 bajas laborales extraordinarias por daño físico o psicológico por la DANA.
Según la SS, en el año 2023 se produjeron más de ocho millones de bajas laborales, lo que supuso un gasto de alrededor de 14 millones de euros al Estado. Ante este gran número de solicitudes, el Gobierno comenzó a dudar de la legitimidad de muchas de ellas.
Las empresas deberán detallar la labor del trabajador
Ante esta preocupante (y muy nociva para las empresas y el Estado) situación, la Seguridad Social ha comenzado a reforzar las medidas de verificación de las bajas, de tal forma que ahora, las empresas deben proporcionar a la Seguridad Social información sobre las funciones específicas de cada trabajador que solicita la baja.
La idea, trasmiten desde el organismo público, es poder ayudar a los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a determinar si el estado de salud del trabajador realmente justifica la incapacidad para desempeñar sus labores.
Más evaluaciones médicas
Otra de las medidas para frenar este aumento significativo es el aumento de las revisiones médicas de los trabajadores, para que aquellos que cuenten con bajas justificadas, lo estén el tiempo acorde a la enfermedad o condición laboral. Es posible que se exija la reincorporación antes de lograr la recuperación al completo.
¿Quién paga las bajas laborales?
Según la normativa, la cuantía de esta prestación varía según el tipo de baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador percibe el 60% de su base reguladora del día 4 al 20 de la baja, y el 75% a partir del día 21. En el caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, el trabajador recibe el 75% de su base reguladora desde el día siguiente al de la baja.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el salario es abonado por la empresa. En casos como la enfermedad común o lesión, la primera quincena del mes corre a cargo de la empresa, mientras que la segunda se encarga de pagar el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, la mutua correspondiente.
Muchas empresas se quejan de que sus convenios les obligan a pagar al trabajador la cantidad que este deja de percibir cuando está en situación de baja, algo que es especialmente sangrante cuando se da alguna de las numerosos “bajas falsas”.
¿Cuánto tiempo puedo estar de baja?
Según apunta la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 169, la duración máxima de una baja laboral será de 365 días, más 180 prorrogables. Esto quiere decir que el trabajador tendrá un total de 545 días antes de regresar a su empleo.
El auge de las bajas laborales en España: un foco en Melilla y las causas tras el fenómeno
En los últimos años, el aumento de las bajas laborales en España ha sido objeto de preocupación y debate tanto en el ámbito empresarial como en el social. Aunque esta situación se manifiesta a nivel nacional, lugares como Melilla destacan por registrar cifras aún más elevadas, lo que invita a analizar las razones que subyacen tras este fenómeno.
Las cifras: una comparativa inquietante
Según datos recientes, España ocupa uno de los primeros puestos en Europa en cuanto a bajas laborales, lo que genera un impacto significativo en el sistema de seguridad social y en la economía del país. Sin embargo, el caso de Melilla sobresale aún más, con tasas de bajas laborales que superan con creces el promedio nacional.
La legislación laboral: ¿protección o incentivo para el abuso?
Una de las causas principales que se señalan en el debate es la actual legislación laboral española, percibida como excesivamente proteccionista hacia los trabajadores. Este marco legal (aunque fue, en teoría, diseñado para garantizar derechos y seguridad) facilita abusos en el sistema. La concesión de bajas laborales sin controles rigurosos ha dado lugar a un incremento significativo de las denominadas «bajas falsas».
En este contexto, las bajas por depresión se han convertido en un recurso común para quienes desean evitar sus responsabilidades laborales mientras siguen percibiendo ingresos. La dificultad para verificar de manera objetiva estas dolencias psicológicas las hace especialmente vulnerables al fraude. Este tipo de situaciones no solo perjudican a las empresas, sino también al conjunto de la sociedad, ya que sobrecargan al sistema de salud pública y erosionan la confianza en las instituciones.
El caso particular de Melilla
Melilla enfrenta condiciones únicas que pueden contribuir a su elevada tasa de bajas laborales. La situación socioeconómica de la ciudad, marcada por un desempleo elevado y una alta dependencia del sector público, podría estar incentivando un uso abusivo del sistema de bajas. Además, el acceso limitado a oportunidades laborales alternativas podría alentar a algunos trabajadores a recurrir a bajas laborales como una vía para mantenerse a flote económicamente.
Soluciones: ¿control o reforma?
Para abordar este problema, es esencial implementar medidas que equilibren la protección de los derechos laborales con un control más eficaz sobre las bajas injustificadas. Entre las posibles soluciones destacan:
- Refuerzo de los controles médicos: Mejorar la supervisión de las bajas laborales mediante la colaboración entre el sistema de salud y las empresas.
- Reforma legislativa: Ajustar el marco legal para reducir los incentivos al abuso, sin comprometer el acceso a bajas justificadas para quienes realmente las necesitan. Perseguir penalmente a los “caras”.
- Educación y concienciación: Fomentar una cultura laboral ética y responsable que desincentive prácticas fraudulentas.
