La consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, ha asegurado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un órgano “competente como para resolver todas las cuestiones que se plantean por parte de los ciudadanos”
El Gobierno de Melilla ha aprobado este martes en el pleno de la Asamblea la firma de un convenio suscrito con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el objeto de potenciar la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno.
En su intervención, la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, ha explicado que el convenio se remonta al año 2016, “prorrogable de manera anual y con un coste ínfimo para las arcas públicas”.
Ha asegurado que el Consejo de Transparencia es un órgano “competente como para resolver todas las cuestiones que se plantean por parte de los ciudadanos”, y cree que el tiempo de respuesta a los ciudadanos “se ha reducido al máximo” desde el regreso del PP al Ejecutivo melillense.
El diputado local de Vox, José Miguel Tasende, ha valorado positivamente dicho convenio, y ha propuesto, con el fin de fomentar dicha transparencia y buen gobierno, la creación de una oficina independiente antifraude en el seno de la Cuidad Autónoma de Melilla.
“Una dejadez de funciones considerable”
Por su parte, el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, ha asegurado que el acuerdo suscrito “no es vinculante y, encima, agota la vía administrativa, quedando al ciudadano la única vía del Contencioso-Administrativo, a la que casi nadie recurre”.
En este punto, sostiene que los datos son “claros y contundentes”, asegurando que la Ciudad Autónoma “casi nunca contesta” a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que “el silencio administrativo es lo que prevalece”.
Así, el dirigente localista ha señalado que, en 2018, el 60% de las solicitudes ciudadanas no fueron contestadas por el Ejecutivo melillense, al que acusa de hacer una “dejadez de funciones considerable”.
“Cada vez que a un ciudadano no se le contesta y recurre nos cuesta dinero”, ha asegurado, apuntando a una media de 192 euros que se abona al Consejo de Transparencia “cada vez que la Ciudad Autónoma no contesta pese a ser su obligación”.
La consejera de Presidencia y Administración Pública ha respondido al diputado localista asegurando que intentar contestar a las solicitudes ciudadanas “de la manera que podemos y cuando el trabajo diario nos lo permite”, y anima a utilizar la vía electrónica para agilizar las solicitudes.
