El PSOE de Melilla ha aclarado que ninguna de las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma que están bajo su responsabilidad está afectada por la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, por la que agentes de la Policía Judicial acudieron el pasado viernes al Palacio de la Asamblea a pedir un volcado de datos.
A preguntas de los periodistas, la secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, ha dejado claro que no han solicitado información de ninguna de las tres consejerías del Gobierno local que gestiona su partido, ni tampoco a sociedades públicas que estén en manos socialistas.
Por ello, ha aclarado a quienes puedan pensar que esta situación perjudica al PSOE que “enturbiadas estarán aquellas consejerías que estén afectadas por este tema, que no son ninguna de las tres socialistas”, esto es, Presidencia y Administración Pública; Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal; y Educación, Cultura, Festejos e Igualdad.
Rojas ha dicho desconocer qué consejerías se han visto involucradas y qué empresas están afectadas por la orden de suspender los pagos debido a esta investigación judicial, relacionada con la supuesta trama de la compra de votos por correo, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
La líder del PSOE local ha confiado en que “se esclarezca todo”, que la investigación termine “y, desde luego, que cualquier persona que haya comprado votos que lo pague”.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional accedieron el viernes a dependencias del Palacio de la Asamblea de Melilla, que alberga la corporación municipal, para realizar “una solicitud judicial de volcado de datos” en relación con la presunta trama de compra de votos por correo en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.
Aquel día, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, se mostró “defraudado y frustrado” después de que parte de la gestión de su Gobierno, integrado también por Coalición por Melilla (CPM) y el PSOE, esté bajo investigación judicial, y mostró su deseo de que haya responsabilidades judiciales si se demuestra que alguno de sus miembros ha delinquido.
De Castro consideró “lamentable que ocurra esto”, pero recordó que preside “un gobierno de coalición”, en el que el presidente es el único miembro que no pertenece a un partido y que “tiene un margen de acción determinado”.
