Pide que se atiendan las «necesidades y demandas» de las personas sordas respecto al «desarrollo efectivo de nuestros derechos lingüísticos», a situar la lengua de signos en «el eje de cualquier política pública» y a «normalizar» su uso
La Asociación de Sordos de Melilla (ASOME) ha conmemorado este miércoles frente al Palacio de la Asamblea el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas reivindicando la «enorme trascendencia» que la lengua de signos española y la catalana tienen en «la construcción de los proyectos vitales» de las personas sordas.
La asociación ha defendido que las personas sordas «tenemos derecho a disfrutar de una vida plena», a participar «como iguales» en la actividad económica, social, política y cultural del país y a contar «con las mismas oportunidades sanitarias, educativas y laborales que el resto». «Las personas sordas tenemos derecho a tener derechos», resumen.
Es por eso por lo que consideran «indispensables» las lenguas de signos para alcanzar este objetivo: en las escuelas, en los espacios de ocio, en los medios de comunicación, en los servicios públicos, etc. «Allí donde haya una persona sorda deben estar nuestras lenguas como única garantía de accesibilidad lingüística, porque los derechos lingüísticos son la puerta a través de la que los ciudadanos sordos accedemos al resto de derechos. Porque sin la lengua de signos no podemos ejercerlos», explican.
«Normalizar su uso como una lengua más»
Así pues, hacen un llamamiento a las distintas administraciones a que «tomen conciencia de que el progreso humano de las personas sordas, nuestra plenitud y autorrealización» pasa por atender «nuestras necesidades y demandas respecto al desarrollo efectivo de nuestros derechos lingüísticos, por situar la lengua de signos en el eje de cualquier política pública, y por normalizar su uso como una lengua más».
Asimismo, abogan por acabar con «las situaciones de aislamiento y privación lingüística que, desde edades tempranas, amenazan el ejercicio de nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra ciudadanía», por «garantizar el rigor lingüístico y la calidad de las lenguas de signos en el acceso a la información de los sordos y sordociegos», por «fomentar la protección de las lenguas de signos y equipararlas al resto de lenguas orales».
En definitiva, reivindican «el derecho a enseñar y aprender nuestras lenguas», también las de signos, «sin que se nos penalice ni discrimine por hacerlo».
