Más de 160 organizaciones sociales han firmado una carta abierta que dirigen al Gobierno en la que reclaman una "urgente rectificación" de la política migratoria en Canarias donde, según denuncian, hay "una grave situación de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes".
"No queremos un modelo de acogida basado en la frustración de las personas migrantes y de las comunidades, de los barrios. Queremos un modelo basado en el respeto del cumplimiento de Derechos Humanos, que se formule de forma consensuada con las instituciones del Estado pero integrando en su formulación a las organizaciones regionales", ha explicado el director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen), Vicente Zapata, este martes en rueda de prensa.
En la carta, las entidades señalan que, las medidas con las que España cuenta actualmente en esta materia ponen "en riesgo la vida de miles de personas" y sitúa al país, "fuera del marco internacional de los derechos humanos.
El ejemplo de Ceuta y Melilla
"Canarias es otro ejemplo más del fallo de estas políticas migratorias, que lejos de parar la migración, lo único que causan es sufrimiento. Vemos que no hay lecciones aprendidas, las autoridades siguen errando en lo mismo, tras el fracaso de los macrocentros en Ceuta y Melilla, volvemos a reproducir lo mismo en las islas", ha lamentado la responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
En la misiva, las organizaciones advierten de la "apuesta por las medidas de disuasión y externalización de fronteras y de bloqueo al desplazamiento y a la libre circulación", que provocan la "criminalización de la migración, la vulneración de los derechos más fundamentales y empuja a las personas a emprender travesías cada vez más largas e inseguras". "No se puede restringir el derecho a la libre circulación solo con el objetivo de contención migratoria. Las medidas de detención no pueden ser aplicadas más de 72 horas y nunca a niños y adolescentes; y los traslados se deben hacer a la Península no solo de los solicitantes de protección internacional. Además, cualquier retorno que se dé ha de ser voluntario", ha subrayado la responsable del área de incidencia en Red Acoge, Paloma García.
Esta forma de intervención, según precisan las ONG en la misiva, "no solo incumple con el respeto a los derechos humanos de manera reiterada, sino que también provoca el deterioro de la salud física y psíquica de los miles de personas retenidas".
"Se ha normalizado el trato inhumano, se ha tolerado a veces lo intolerable, vulneraciones de derechos, y hay un deterioro emocional que sufren las personas no solo en los campamentos, también en la comunidad, en el entorno, porque las acogidas no las realiza una administración ni un cargo público sino las personas de la comunidad en que se insertan", ha señalado el coordinador territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, quien ha tachado de "miopes y reduccionistas" las políticas migratorias actuales.
Las organizaciones también denuncian en la carta que toda esta situación "genera una sensación de abandono e inseguridad entre la población residente en Canarias", que "es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes". "Aunque hay discursos que están criminalizando e intentan propagar actitudes y sentimientos de odio, también estamos viendo una reacción enormemente positiva de muchas personas, una ola de compromiso y solidaridad", ha afirmado Vicente Zapata.
