El sindicato de enseñanza SATE-STES de Melilla ha pedido al ministro de la Función Pública, Miquel Iceta, que acabe con “el abuso de la temporalidad” en las administraciones públicas después de asegurar que los acuerdos por el Empleo de 2017 y 2018 y la normativa que establece que ninguna persona interina puede permanecer más de tres años en esa situación de interinidad, no sólo no han solucionado nada, sino que han incrementado el problema. La organización sindical melillense ha asegurado que los pasados días 21 y 22 de abril han marcado un hito importante en la lucha del personal interino de las Administraciones Públicas por conseguir la estabilidad que hasta el momento se les niega después de que el asunto se debatiera en el Senado.
A juicio de SATE, la actitud de la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado en la reunión mantenida el pasado miércoles por la mañana, con las organizaciones que defienden esa estabilidad -entre ella SATE-STEs “ha sido positiva”. Según apuntan, “todos se han mostrado sensibles a la situación de estas personas”.
Por su parte, han añadido, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en su intervención en dicha Cámara Alta, ese mismo 22 de abril, “dio muestras de ser consciente de lo delicada de la situación, aunque ha dejado dudas en cuanto a las soluciones que requiere esta complicada realidad. Parece debatirse entre soluciones contradictorias o, incluso, contemplarlas todas”. Sin embargo, desde SATE apuntan que “el camino andado hasta ahora, nos demuestra que hay opciones que no son válidas o que seguir incidiendo en normas legales que ya están en vigor desde hace mucho tiempo, tampoco son la solución”, como los citados acuerdos por el Empleo de 2017 y 2018.
Para el sindicato de enseñanza de Melilla “la solución necesariamente ha de pasar por aprovechar el capital humano que, con una experiencia inmensa en los distintos puestos de la administración pública, ha asegurado en los últimos años -con dos crisis gravísimas a las que ha habido que hacer frente, como la económica que se inició en 2008 y la sanitaria de 2020- un funcionamiento ejemplar de los servicios públicos”. Además, han destacado que esta solución “tiene un coste cero para las arcas públicas: nadie podría entender que se prescinda de personal perfectamente cualificado para dar paso a otras personas que puedan demostrar los méritos que ya demostraron en su día los que ahora están en esta situación de inestabilidad en el empleo”.
SATE recuerda que distintas sentencias les han dado la razón, pero quieren la intervención de Iceta para lograr una actuación única en todo el Estado español y evitar con ello que “troceen el problema y extiendan la conflictividad a numerosos marcos”.
