Las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta abordarán dentro de un par de semanas el problema de los menores extranjeros no acompañados (MENA) para tratar de impulsar cambios legales para que, además de aplicar a este colectivo la Ley de Protección al Menor, se introduzca “una matización” de que “son inmigrantes”. A preguntas de los periodistas, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, explicó que este será uno de los temas que estarán sobre la mesa en la reunión que mantendrá en la segunda semana de enero de 2019 con su homólogo ceutí, Juan Vivas, en el viaje que éste realizará a Melilla en la nueva línea regular de helicóptero que une ambas ciudades.
Explicó que Vivas se puso en contacto con él hace unos días para convocar esta reunión de trabajo, que se producirá una semana después de la visita que ambas ciudades autónomas recibirán del presidente nacional del PP, Pablo Casado, el día 2 de enero a Melilla y el 3 a Ceuta.
Ambos presidentes autonómicos aprovecharán su encuentro para hablar de temas técnicos sobre el instrumento de la proposición de ley para que se arbitre una legislación específica que ayude a ambas Ciudades Autónomas, fronterizas con el país de procedencia de la mayoría de los MENA, a solventar este problema.
Imbroda insistió en que Melilla sufre “un problema grave” por “la avalancha” de menores que tiene, cerca de un millar en la actualidad, cuando la Ciudad Autónoma podría “trabajar perfectamente” con unos 200.
Este asunto ya está siendo abordado entre los técnicos de las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y la próxima semana habrá un primer documento base al respecto, que girará en torno a la idea de que “está bien que se aplique a los MENA la ley del Protección del Menor que hay en España, pero de alguna manera hay que hacer un guiño, o una matización de que es una inmigración”.
“Esto no es un problema del menor que vive en España y tiene una serie de problemas, que es para lo que se hizo la ley, sino que de alguna manera son emigrantes y necesitan ese sesgo”, defendió Imbroda al señalar que de esa manera habría “mucha más implicación del Estado”.
De ese modo el Estado “tendrá más armas al nivel nacional para, no solamente hablar de solidaridad entre las comunidades autónomas, sino también para legislar y poder disponer”, concluyó.
