La Ciudad Autónoma de Melilla ha multiplicado por 7,7 las ayudas sociales que concede a familias desfavorecidas en los últimos 15 años, la mitad de las cuales van destinadas a beneficiarios extranjeros. Esta situación ha llevado al Gobierno local a establecer límites en las prestaciones, elevando el plazo mínimo de residencia de 3 a 5 años a los beneficiarios. Así lo recoge el nuevo reglamento regulador de ayudas sociales, que fue aprobado ayer de manera inicial en un pleno extraordinario celebrado en la Asamblea, en el que PP, Ciudadanos (Cs) y Grupo Mixto votaron a favor, PSOE se abstuvo, y Coalición por Melilla (CPM) votó en contra. Este partido acusó al Gobierno melillense de “ahogar” a los necesitados con sus nuevas exigencias. El debate de este punto fue tenso desde el principio, cuando el portavoz cepemista, Hassan Mohatar, cogió el micrófono para afirmar de manera rotunda que el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, es “el peor” que ha pasado por el Gobierno de Melilla en su historia. Además, le preguntó “por qué endurece tanto” las condiciones para optar a las ayudas y si es consciente de que en esta ciudad, con 12.000 parados no hay oportunidad de desarrollo económico como en otros puntos del país, lo que condena a muchas familias a depender de las ayudas sociales.
“No son más prosociales”
Minutos más tarde, Ventura le reprochó su intervención “agresiva” y acusó a los cepemistas de tener una postura demagógica en este tema por exigir ayudas que no concedieron cuando a finales de los 90 tenían en sus manos la Consejería de Bienestar Social. “Ustedes no son más prosociales que quienes estamos aquí”, dejó claro el actual consejero, que afirmó que aunque le gustaría también el “mundo ideal” que refleja CPM en sus propuestas, este es “un mundo real en el que hay que ayudar a la población de manera razonada”.
Y agregó tajante: “Nosotros somos más abanderados de la ayuda social que votos, nuestro Gobierno ayuda a familias en riesgo de exclusión social a través de multitud de acciones sociales”, como a su juicio evidencia el nuevo reglamento de ayudas, que incluye muchas nuevas entre las 28 distintas que concede Bienestar Social.
Sin embargo, justificó las limitaciones porque “no queda más remedio” para “optimizar los recursos” de los que se dispone y “llegar a las familias que lo necesitan”, dado el crecimiento poblacional que ha experimentado Melilla.
Además, aseveró que “las ayudas económicas no se pueden quedar cronificadas” hasta el infinito, como ocurre ahora en Melilla, donde hay familias que viven de las ayudas sociales y la situación la han heredado las terceras generaciones. Todo ello ha obligado a la Ciudad Autónoma a intensificar el esfuerzo económico en prestaciones.
Así es como se ha llegado a la situación actual, en la que la Administración local destina casi 8 veces más ayudas: de los 690.000 euros que destinaba en 2002 a ayudas sociales, a los 5,3 millones de euros de 2017. A este desembolso en ayudas se suma el que Bienestar Social realiza para otras prestaciones, como es el caso del comedor social, que supone un gasto anual de unos 4,7 millones de euros para atender diariamente a 1.200 personas.
“Nadie en la estacada”
Pese a este esfuerzo, el consejero reconoció que la cuantía económica que se destina a ayudas sociales resulta insuficiente para terminar el año, y la Ciudad Autónoma “busca partidas” para conseguir 1,1 millones de euros y poder atender a todo el mundo que lo necesita en noviembre y diciembre, pese a no estar obligada una vez que se agota el presupuesto, como indica el reglamento vigente.
“Este Gobierno no deja a nadie en la estacada, a nadie se le deja debajo de un puente”, dejó claro Ventura para responder a las críticas que recibió por parte de CPM y el PSOE a la hora de aprobar el nuevo Reglamento regulador de ayudas económicas y prestaciones para la atención de necesidades sociales.
Ambos grupos políticos mostraron su desacuerdo con lo que consideran unos requisitos muy restrictivos, especialmente CPM, que apeló a la “bondad” del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, pidiéndole dejar el anteproyecto sobre la mesa y “darle una vuelta” porque si entra en vigor tal y como ha sido elaborado, desde la Ciudad Autónoma se estaría “ahogando” a los melillenses necesitados.
Posteriormente, endureció el tono ante el presidente, a quien Hassan Mohatar dijo directamente que tendría que irse del Gobierno porque si ha tenido que multiplicar por 8 las ayudas que concede a personas desfavorecidas, significa que ha aumentado la pobreza y que el Ejecutivo “lo ha hecho rematadamente mal”.
Mohatar también rechazó los nuevos requisitos para optar a las ayudas para combatir el fraude, ya que opinó que de esta manera “pagan justos por pecadores” y la Ciudad Autónoma tiene medios para poder “detectar la cara dura” de quienes se aprovechan de estas prestaciones.
