El presidente de la Ciudad Autónoma, por entonces Ignacio Velázquez, salía al paso de las acusaciones de la oposición por las obras realizadas en Reina Regente, que habían costado más de trescientos millones de pesetas, y aseguraba que el trámite seguido tanto para contratarlas como para pagar al contratista que las llevó a cabo se ajustaba totalmente a lo que establecía la ley para obras por el procedimiento de emergencia. Consideraba además Ignacio Velázquez que la oposición se movía únicamente con la finalidad de hacerle daño personalmente.
Casi 700 inmigrantes subsaharianos esperaban al otro lado de la frontera para poder entrar en Melilla y sumarse a los 600 que ya acogía la ciudad en el albergue de la Granja Agrícola.
