El delegado del Gobierno del PSOE, Manuel Céspedes, había creado una situación excesivamente conflictiva con su decisión de expulsar a un grupo de casi cien centroafricanos que hasta entonces se encontraban en Melilla demandando asilo político en España a través de Melilla. El texto del acuerdo hispano-marroquí sobre inmigración, tendente a paliar el "flujo migratorio clandestino de extranjeros" entre los dos países, decía que Marruecos no tenía la obligación de readmitir a aquellos extranjeros que hubiesen sido "autorizados a permanecer en el territorio del Estado requiriente con posterioridad a su entrada ilegal", por lo que la expulsión de los centroafricanos provocaba una situación conflictiva entre ambos países, al tiempo que los inmigrantes seguían atrapados en tierra de nadie.
