El Tribunal de Cuentas (TCU) emitió a finales del año pasado su informe de fiscalización sobre el ejercicio económico de la Ciudad Autónoma de 2014. El órgano fiscalizador dio varios tirones de orejas a la Administración melillense con observaciones similares a las emitidas en años anteriores, entre ellas el retraso con el que paga las facturas a proveedores y autónomos.
En 2014, más de la mitad de las facturas estaban pendientes de pago fuera del plazo establecido de tres meses por la Ley 15/2010, porcentaje muy por encima de los tres años anteriores, cuando el retraso afectaba a alrededor de una cuarta parte.
