El Defensor del Pueblo recibió en 2016 un total de 83 quejas procedentes de Melilla, lo que la sitúa en la penúltima localidad, sólo delante de Ceuta, por número de quejas. Además, no hubo ninguna solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad, según el informe anual de la institución que entregó ayer en el Congreso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. El documento, que insta a implantar un protocolo para la prevención de la violencia sexual y de género en el Ceti, también recoge la postura de esta institución «contraria a las devoluciones automáticas o en caliente» de inmigrantes.
Un año más, la institución se ha ocupado de la supervisión de la actuación de la Administración respecto a los extranjeros que son interceptados intentando acceder irregularmente a territorio español.
Los últimos datos del Ministerio del Interior, publicados en septiembre de 2016, corresponden a 2015. Respecto a las entradas irregulares, en ese año 5.312 personas fueron interceptadas en las costas españolas. Respecto a las llegadas en Ceuta y Melilla, 11.624 personas fueron interceptadas intentando acceder de manera irregular a las dos ciudades (estos datos incluyen a 7.189 personas sirias, de las cuales 7.164 intentaban entrar a Melilla).
Según los datos de Interior, en 2015, los intentos de asalto a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla se han reducido un 67,8 % y un 78 % las entradas a ambas ciudades por este método. El Ministerio del Interior facilita también datos de lo que denomina repatriaciones de inmigrantes irregulares llegados a España. Bajo este concepto, que alcanzó a 20.091 personas en 2015, engloba cuatro figuras distintas: denegaciones de entrada (8.069), readmisiones (1.428), devoluciones (3.725) y expulsiones (6.869).
Ppuestos fronterizos
El estudio de El asilo en España elaborado por esta institución, que se presentó en junio de 2016, recoge los datos sobre las solicitudes formuladas en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla). En el primero no se ha presentado ninguna solicitud desde su inauguración (en 2016, 224 personas solicitaron asilo en Ceuta, pero no en el puesto fronterizo), mientras que en el segundo se presentaron 6.047 solicitudes en 2015 y 2.563 en 2016.
A principios de 2016, se recibió queja en la que se planteaba que un grupo de nacionales sirios residentes en el CETI de Melilla, habían iniciado una huelga de hambre como protesta por la demora en el traslado a la península. Las actuaciones iniciadas pusieron de manifiesto que los interesados habían entrado por Beni Enzar pero «no habían solicitado protección internacional, por lo que no existía prioridad para su traslado».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras comunicó que, debido a la gran afluencia de personas en este puesto fronterizo, no siempre era posible recoger la solicitud de asilo en el mismo momento del acceso al territorio español, razón por la cual se ofrecía a estas personas que acudieran al CETI y posteriormente formalizaran su petición.
Además comunicó que, si bien en algún momento puntual no se había podido cumplir con el plazo previsto en el Reglamento de Eurodac, debido a la gran afluencia de personas en el referido puesto fronterizo, se había asignado a un funcionario para que se dedicara expresamente al escaneo y grabación de las impresiones dactilares y evitar de este modo las posibles demoras que pudieran tener lugar en este trámite.
Respecto a las actuaciones realizadas para la mejora de los puestos fronterizos de Barrio Chino, Mariguari y Farhana, la Secretaría de Estado de Seguridad comunicó los avances en el proyecto de ejecución de las obras de reforma de las instalaciones de Farhana. En cuanto al Paso del Barrio Chino, se habían realizado obras menores para proteger los accesos.
Devoluciones en caliente
En julio de 2016, se dieron por concluidas las actuaciones seguidas con relación al procedimiento judicial que se había iniciado tras el intento de entrada irregular en Melilla de alrededor de 200 personas, en octubre de 2014. En el informe del pasado año se indicaba que, contra el auto de sobreseimiento dictado respecto de ocho agentes de la guardia civil imputados, se había formulado recurso de apelación, que ha sido desestimado, habiéndose archivado la causa y concluida la actuación iniciada por esta institución.
Por otro lado, reconoce que han continuado los intentos de acceso irregular a territorio nacional a través de los vallados de Ceuta y Melilla. La mayoría de las quejas recibidas hacen referencia a que las denominadas «devoluciones en caliente» no permiten conocer si las personas afectadas son menores de edad o se encuentran en necesidad de protección internacional. También se han repetido las quejas relacionadas con la demora en la llegada de los servicios de emergencia, lo que supone un riesgo para las personas que se encuentran encaramadas en la valla. El Defensor del Pueblo «comparte la preocupación de las personas que se han dirigido a esta institución y ha reiterado en sus escritos su posición contraria a las devoluciones automáticas de extranjeros y las recomendaciones formuladas a estos efectos, de cuyo contenido se dio cuenta en el pasado informe».
CETI
Como ya se mencionó en el pasado informe anual, con anterioridad a la llegada del colectivo de ciudadanos sirios a través de la frontera con Marruecos, los CETI alojaban a solicitantes de asilo, aunque estos eran claramente minoritarios. En el año 2015 se produjo un cambio radical del perfil de los residentes, al acoger mayoritariamente a solicitantes de asilo. Pero, el Defensor del Pueblo ha reiterado que la situación de estos centros no permite que puedan ser considerados como recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo. Se ha llamado la atención sobre la falta de asistencia especializada al colectivo de solicitantes de asilo y, particularmente, a personas que presentan una especial vulnerabilidad.
El Defensor del Pueblo ha recibido quejas en las que los solicitantes de asilo, cuya petición se encuentra admitida a trámite, se manifiestan contrarios a la prohibición de acceso a la península. También se han recibido quejas de solicitantes de protección internacional que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales (LGBT). En todas ellas se demanda más claridad en el procedimiento de traslados a la península. La respuesta de la Administración sobre este asunto es que se tiene en cuenta para autorizar el traslado a la península la situación de vulnerabilidad de la persona. «Las actuaciones iniciadas por esta institución aún no han finalizado».
Violencia de género
En el informe del pasado año se daba cuenta de las recomendaciones formuladas a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y al Ministerio de Educación en octubre de 2015, tras las visitas giradas al CETI de Melilla, con el fin de trasladar de manera urgente a las familias con menores de edad y el de diseñar un plan para programar y atender las necesidades educativas de los menores que llegaban al CETI.
Las respuestas a dichas recomendaciones se recibieron a lo largo de 2016, una vez la situación en el centro había cambiado sustancialmente. La Secretaría General de Inmigración y Emigración comunicó que se había priorizado el traslado de personas vulnerables a la península. El Ministerio de Educación dio cuenta de la particularidad que presenta la escolarización de menores refugiados debido al altísimo nivel de rotación, es decir, de flujos de entrada y salida de los colegios, como consecuencia de que, a lo largo del curso, la inmensa mayoría de las familias sirias fueron trasladadas.
Por otra parte, la institución muestra su «preocupación sobre los problemas que pueden producirse en el centro, teniendo en cuenta el alto número de personas que allí residen de diferentes edades y nacionalidades». Recuerda al respecto que en junio de 2016, se formuló una Recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración para la elaboración urgente de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y por motivos de género. En su respuesta, el citado organismo comunica que trabaja en la implantación de un protocolo de esas características a nivel nacional. «Se ha reiterado la recomendación formulada ya que su propósito era la implantación urgente en el CETI de Melilla, coincidiendo con el ACNUR que había efectuado esa misma propuesta».
Prueba de ADN
Asimismo, el Defensor del Pueblo hace referencia en su informe a las actuaciones realizadas tras las quejas recibidas por las demoras en los resultados de las pruebas de ADN, que se realizan en Melilla para garantizar el vínculo familiar de los menores que ingresaban en el CETI con sus progenitores y familiares. Como consecuencia de dicha actuación se comunicó que el tiempo medio era de dos semanas y, que en el año 2015, se habían realizado en Melilla 456 pruebas de ADN.
Aún se encuentra en trámite una de las actuaciones iniciadas en 2016, tras la recepción de una queja en la que se separó a un menor de su madre al entrar en Melilla. En este caso, las pruebas de ADN se realizaron por la entidad de protección melillense, pese a que el Protocolo Marco de Menores no Acompañados prevé su realización por la policía nacional. El menor fue retirado de su madre hasta que se recibió el resultado de las pruebas tres semanas después, a pesar de que la interesada presentó pasaporte argelino y certificado de nacimiento de su hijo.
MENAS
Por otra parte, la institución informa que ha iniciado actuaciones de oficio con las entidades de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, así como con las diputaciones forales vascas, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a fin de conocer la situación actualizada de los menores extranjeros no acompañados en todo el territorio nacional y detectar, en su caso, los procedimientos que resulten necesarios mejorar.
«Se están evaluando los datos recibidos y se continúa a la espera de recibir todos los datos para formular las recomendaciones necesarias que mejoren el funcionamiento de esta herramienta», indica.
Visita al Centro de Purísima
En septiembre de 2015 se visitó el Centro de Menores Fuerte de la Purísima. Se iniciaron actuaciones con los servicios de protección de la Ciudad Autónoma y se dio traslado de las conclusiones alcanzadas al ministerio fiscal. Ambos organismos remitieron información acerca de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas. Se continuaron las actuaciones relacionadas con la necesidad de reforzar el personal del centro; la agilización de las pruebas de determinación de la edad de menores indocumentados; las obras en los baños para garantizar la intimidad de los internos; la resolución del problema de salubridad y malos olores de los pozos negros del centro, así como sobre la escolarización de los menores.
En relación con el grupo de menores extranjeros que pernocta en la zona de la Ciudadela de Melilla intentando abordar una embarcación para cruzar a la península, «se ha comprobado que durante el año 2016 no ha remitido dicha situación, por lo que se ha reiterado a las administraciones competentes la necesidad de adoptar medidas que aborden el asunto a pie de calle desde puntos de vista distintos a los meramente policiales, ya que las medidas coactivas adoptadas no han dado resultado».
