La Policía Local de Melilla obtuvo el año pasado una cifra histórica en la lucha contra el transporte clandestino de viajeros, al registrar 105 denuncias a taxis piratas en todo 2016. Esto supone un 47,9% más que el año anterior, en el que se instruyeron 71 expedientes por esta causa, en la que la Consejería de Seguridad Ciudadana ha prometido a la Asociación de Autónomos del Taxi que seguirán trabajando e incrementando los esfuerzos en la medida de lo posible. Según explicó a MELILLA HOY el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, recientemente estuvo reunido con responsables del gremio de taxistas, a quienes señaló que una vez que pasaran las Navidades, que son fechas muy exigentes desde el punto de vista de la seguridad, la Policía Local intentaría hacer un esfuerzo en la lucha contra los taxis piratas, ya que es un problema prácticamente endémico que en los últimos tiempos ha ido a más.
Ese mayor esfuerzo se ha podido palpar en las estadísticas de este año, que va, como el anterior, camino de récord. No en vano, en enero fueron denunciadas 12 personas por este asunto, una cifra elevada en comparación con 2016, cuando la media mensual era de 8,75. Ello, a pesar de que interceptar a estos ‘intrusos’ en el gremio del transporte urbano es muy complejo, puesto que hay que pillarlo in fraganti y conseguir que el pasajero diga que no es un simple acompañante, sino que ha contratado el servicio.
Sanciones muy severas
Las cifras de enero y de todo 2016 evidencian, como admitió el consejero, que “hay muchos taxis pirata” en nuestra ciudad, pero destacó los resultados que se están dando en la lucha contra este problema para poner en valor el esfuerzo de la Policía Local por intentar atajarlo interponiendo más denuncias y castigándolas con sanciones muy severas.
De los 71 expedientes que instruyó la Policía Local en 2015, el año pasado se saldó con 105, de los cuales 74 se llevaron a ejecución mediante el cobro de la correspondiente multa. En total, la Consejería de Seguridad Ciudadana recaudó en 2016 un total de 300.000 euros, lo que supone una media de algo más de 4.000 euros por cada uno de los expedientes ejecutados.
Los otros 31 siguen pendientes de resolución. Habitualmente esto ocurre porque los conductores de taxis pirata son extranjeros, aunque en estos casos también hay castigo, pues la Policía Local tiene intervenidos sus vehículos y no los han podido recuperar. Por eso el consejero cree que las medidas que se están aplicando son efectivas, aunque el problema no desaparezca y vaya, incluso, en aumento.
No hay más que ver las cifras de hace algunos años para comprobarlo. En todo 2005, sólo hubo 19 denuncias por transporte clandestino de viajeros. Las de 2016 prácticamente sextuplican lo que ocurría 11 años atrás.
Intrusismo agravado con la crisis
El problema del intrusismo en el gremio del transporte urbano existe desde hace mucho tiempo, unas épocas con mayor intensidad que otras. Pero con la crisis, la situación se ha recrudecido, potenciando los problemas que ya tiene este sector por la considerable pérdida de viajeros que ha sufrido en los últimos años, haciendo prácticamente insostenible el servicio si no es con el empujón económico de la Ciudad Autónoma.
La frontera y el puerto son los lugares que más frecuentan los taxistas piratas, aunque en realidad están por todos lados, obligando a los taxistas y a los conductores de la COA a hacer una vigilancia más estrecha de los coches que pueden estar llevando a cabo su actividad profesional, transportar viajeros, de forma ilegal al carecer de licencia.
Esto supone una competencia desleal para el sector del taxi y la COA, que ven a menudo cómo algunos de los taxis piratas utilizan sus paradas para captar viajeros. Un problema, en definitiva, que afecta de manera grave a un gremio que mantiene a más de cien familias.
