El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, da por zanjada la polémica surgida en el caso de la mujer argelina que entró en Melilla con documentación falsa y a la que se le retiró el menor que la acompañaba hasta que las pruebas de ADN constataran su parentesco. Ventura denuncia que los técnicos de la Consejería, que asegura actuaron siempre defendiendo el interés superior del menor como marca la ley, no pueden convertirse "en verdugos". En cuanto a CPM, que manifiesta que se ha utilizado la ley de "forma torticera", el consejero señala que "sacar rédito político de este tipo de historias o usar a los niños para esto me parece infame". Considera el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura que CPM "se ha ensañado de forma tremenda" en el caso del niño argelino y la mujer que finalmente resultó su madre una vez así lo demostraron las pruebas de ADN. De hecho los cepemistas, según recordó el consejero,"hablan de equivocaciones, de utilizar la ley de forma torticera, de responsabilidades o de haberse podido evitar lo que se ha estado haciendo".
Documentación ilegal
Pero el responsable de Servicios Sociales no comparte esta interpretación del principal grupo de la oposición y para ello puso un ejemplo claro. "Si cualquiera de nosotros decidimos salir de España con un niño de la mano con documentación falsa, lo que ocurriría es que seríamos detenidos inmediatamente. Si cuando se intenta reconocer si el niño es nuestro no hay documentos que lo acrediten, la Ley de Protección de Menores recoge, que como debe primar el interés superior del menor, se avisa a los servicios de protección que se hacen cargo del niño", expuso. Para aclarar si se es padre del menor en cuestión, se realizan las pruebas de ADN.
Explicó que la utilización de documentación falsa está penada e incluso conlleva pena de cárcel. Recordó el caso de una vecina suya que prestó su DNI para permitir a una persona poder viajar a la península, pero cuando se comprobó que no era la titular, ambas fueron a la cárcel.
Volviendo al caso del menor argelino y su madre, reiteró el consejero que la Ley de Protección Jurídica del Menor, en especial desde su modificación el pasado año, "antepone siempre el bien superior del menor al de cualquier otro, incluso el de los padres". Por ese motivo son los técnicos del área del Menor, integrados por equipos multiprofesionales, los que "adoptan las decisiones respetando el interés superior del menor", que pasa a un centro de acogida y el que determina que no se permitan las visitas de la mujer al niño hasta que no se reciban las pruebas de ADN por existir "riesgo de fuga". Una vez se comprobó que eran madre e hijo, se le entregó el bebé.
A preguntas de la prensa indicó que según los técnicos "tenían sus motivaciones y que existía riesgo de fuga".
Aunque señaló que "también pueden equivocarse, son profesionales con experiencia en su trabajo y nadie podía decir que era su madre hasta que no hubiese una prueba de ADN positiva". Apostilló que la mujer entró sin documentos que acreditasen el parentesco y que bien los podría haber traído el padre cuando logró entrar en Melilla o incluso las organizaciones que se posicionaron en este caso. En cuanto a la partida de nacimiento que enarboló la madre como prueba, indicó que la Consejería no es quien determina la autenticidad o no de este tipo de documentos, sino que es Extranjería.
Otro de los argumentos utilizados para hablar de que sí era la madre, es que existían lazos afectivos entre la mujer y el niño. Pero el consejero indicó que "incluso los niños robados tienen lazos afectados con quienes los raptados y hasta nosotros mismos tenemos lazos afectivos con menores que no son nuestros hijos".
Actuación correcta
El consejero señaló que quien actuó de forma incorrecta en este asunto no ha sido la Ciudad Autónoma, sino la mujer que de forma "negligente atraviesa una frontera con un niño de la mano y con documentación falsa, y esto es maltrato infantil". A Daniel Ventura no le gustaría que en este asunto "se diera la vuelta a la tortilla y que los malos sean los técnicos de la Administración, que son los que tienen el deber de cuidar el bienestar del menor".
Recordó tanto a CPM como a aquellas organizaciones que han abanderado el caso del menor argelino que "la Ciudad Autónoma tiene acogidos a 500 menores, y quisiera que tuvieran el mismo interés con ellos que con este menor, y que se implicaran en la búsqueda de soluciones a los menores extranjeros no acompañados de la misma manera que se han volcado en esta historia, pero sobre todo que dejaran trabajar a los técnicos, que son funcionarios especializados que están para hacer su labor".
Reconoció que en ocasiones "las decisiones no gustan, pero si hubiésemos hecho algo ilegal, ya estaríamos en los juzgados y no lo estamos porque no se ha hecho nada fuera de la ley". Lo que está claro es que "nosotros no podemos pasar por verdugos, porque hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, en base de lo que marca la legislación". Confía en que este asunto quede zanjado "porque sacar rédito político de este tipo de historias o usar a los niños para esto me parece infame".
Descuento en la COA para familias numerosas
La Comisión de Bienestar Social de ayer abordó, además del asunto del menor argelino, la aprobación del futuro reglamento de régimen interno de los centros de servicios sociales comunitarios. Se han añadido algunas peticiones a demanda de la oposición. Ahora deberá pasar por Administraciones Públicas y Desarrollo Autonómico para que se elabore el informe pertinente y que el reglamento vuelva a la comisión para su aprobación y pase a Pleno. Lo hará junto al nuevo reglamento de acogimiento y adopciones. El nuevo reglamento de centros de servicios sociales establece de forma más concreta cómo realizar la custodia de documentos, los procedimientos para la recogida de información y los derechos y deberes de los usuarios, y un régimen disciplinario para los que incumplan las normas.
Además se ha aprobado una modificación presupuestaria para poner en marcha, de forma experimental y durante dos meses, un programa para subvencionar el transporte público (COA) de familias numerosas melillenses. Al término del programa se estudiará, en base a los usuarios, la viabilidad del programa. Si la demanda así lo requiere, se incluiría de forma definitiva en los presupuestos de la Consejería para el próximo año.
