La diputada de CPM, Dunia Almansouri, criticó que mientras por un lado la Ciudad invierte más de 350.000 euros para arreglar los daños del seísmo, por otro, ceda locales públicos con fines comerciales que “bloquean” uno de los accesos a la sala principal de la Mezquita Central, lo que pone “en peligro” a los 1.500 feligreses que pasan día a día por este edificio en época del mes sagrado de Ramadán. La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, criticó que el local público arrendado por la Ciudad a un particular no ha tenido en cuenta que era una salida de la Mezquita Central, y es que según señaló el local en sí es "un pasillo de acceso a la calle desde el interior" del templo. La cepemista indicó que el local se ha alquilado por 105 euros, pero señalan que "no tiene precio la seguridad de los melillenses y la prestación económica no es motivo suficiente para que un local público y de culto de la ciudad se le pueda dar este uso".
En rueda de prensa, denunció la situación que "está permitiendo" la ciudad y que "contrasta" con la inversión de unos 350.000 euros en obras de emergencia tras el seísmo del pasado mes de enero. La diputada reprocha que "por un lado nos gastemos dinero en solucionar lo que el seísmo ha provocado", y por otro lado "estamos poniendo en peligro la seguridad de unas 1.500 personas" que van a esta Mezquita.
Y es que tanto CPM como la Comisión Islámica de Melilla (CIM) tienen una gran preocupación por este local, ya que considera que puede suponer un "peligro" para las personas. En especial, por que desde este lunes se inició el mes sagrado de Ramadán y por la Mezquita pasan hasta 1.500 personas para ir a rezar.
"No queremos ser pájaros de mal agüero", aseveró la diputada pero "hay cosas que pueden pasar y la administración debe prever" situaciones de "peligro". Actualmente, indicó, aún existen dos salidas en los laterales del templo, pero en la parte frontal "no hay salida de emergencia" y es la que da justo a la sala de rezo colectivo, por lo que es una salida "fundamental".
Puerta tapiada
Al mismo tiempo, explicó que Patrimonio ha informado al arrendatario del local que "tenía la obligación de devolver una puerta tapiada al estado original". Sin embargo, sostiene que "ya no es solo quitar el tabique, sino que se ha ocupado el pasillo de salida al exterior". Aún así, el arrendatario no ha hecho caso a la administración, según Almansouri, quien denuncia que además se ha seguido con el "acondicionamiento" de esta zona, con la consecuente "inseguridad" que genera a los feligreses.
