CPM lleva semanas pidiendo a la Ciudad que demuestre la legalidad sobre el hecho de que la Vicepresidencia 1ª del Gobierno recaiga sobre un consejero no electo, que en este caso es Manuel Ángel Quevedo. El Gobierno ha publicado un informe con la intención de dar carpetazo al asunto, en el que se recoge que Melilla no se rige por lo dispuesto en la normativa del régimen local, y que, según el Estatuto de autonomía, Quevedo sí podría ocupar dicho puesto. La Ciudad quiso zanjar definitivamente la polémica en la que se apuntaba directamente a Manuel Ángel Quevedo, quien ocupa la Vicepresidencia 1ª del Gobierno siendo un consejero no electo, como CPM ha estado señalando en las últimas semanas. Para dar carpetazo al asunto, el mismo presidente, Juan José Imbroda, solicitó un informe que ha sido firmado por el director del departamento de Desarrollo Autonómico y el secretario general del Gobierno, Juan José López y José Antonio Jiménez, respectivamente, y que, según la Ciudad, refleja la legalidad de esta circunstancia.
En el documento oficial, que se difundió ayer entre los medios de comunicación, se afirma que sí se puede designar en Manuel Ángel Quevedo la Vicepresidencia 1ª del Consejo de Gobierno, ya que la normativa que resulta de aplicación en la Ciudad de Melilla dispone que “en materia de organización y funcionamiento de las instituciones de gobierno es de aplicación el Estatuto de autonomía y las normas que en su desarrollo dicte la Asamblea”, no rigiéndose por lo dispuesto en la normativa del régimen local. Esta regulación, contenida en el Reglamento de la Asamblea, conlleva que el Presidente pueda nombrar Vicepresidente a un Consejero no electo, “a quien designó en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Estatuto”, para que, por su orden, le sustituya en caso de ausencia, enfermedad o impedimento, ostentando accidentalmente la Presidencia y de representación de la Ciudad, “sin que tal sustitución alcance a las funciones de Presidencia de la Asamblea”.
Asimismo, en el documento se subraya que la regulación está en vigor “desde hace más de 20 años”, por lo que se trata de “un sistema organizativo propio y consolidado”.
