CARTA DEL EDITOR

¿Servidores públicos?

“Lo indignante, en mi particular caso, es que yo, como editor del periódico, haya sido objeto de un doble ataque terrorista y que la fiscal, por personalizar en alguien, no haya puesto el acento fiscalizador en que se averigüe quién o quiénes ordenaron perpetrar el atentado, sino en investigar sobre un artículo que este periódico publicó dos días antes del primero de los atentados terroristas”

Llamo a un amigo para hablar de ciertas cosas de Melilla. Está en Florencia, trabajando y, no me cabe duda, disfrutando de una ciudad única. Una ciudad con un impresionante patrimonio artístico, con nada menos que doscientas cincuenta mil obras de arte conservadas sólo en los museos estatales florentinos, entre ellas, por citar sólo unos pocos ejemplos, la Primavera, de Botticelli, el David, de Miguel Ángel, el Rapto de las Sabinas, de Giambologna, la Asunción y la Adoración de los Magos, de Leonardo da Vinci, la Velata, de Rafael, el museo Galería -una palabra florentina- de los Uffizi, la Biblioteca Laurenziana, de Miguel Ángel, o el impresionante, aunque menos conocido, Díptico de los Duques de Urbino, del gran Piero della Francesca. Al menos un tercio de las veinte o treinta obras de arte más famosas del mundo están en Florencia. La ciudad entera es una obra de arte y espero que mi amigo haya podido disfrutar allí y relajarse un poco de la dura vida política, salpicada de denuncias tramitadas por servidores públicos que todavía no puedo comprender a qué público sirven, más allá de a sí mismos, con sus fobias y filias.

Fueron también "servidores públicos", algunos miembros de la Fiscalía, los que denunciaron y amenazaron a dos periodistas que habían publicado datos sobre algunos de los numerosos latrocinios de la familia Pujol, presidida por el que fuera, también, "servidor público" y aún más que eso, fuera un "muy honorable" hombre de Estado, Jordi Pujol, el capo, el jefe de la banda. La Fiscalía, o algún que otro fiscal, no sé, quería que fueran procesados y condenados los dos periodistas, por insultar a tan honorables (por aquél entonces) caballeros. No que fueran procesados y condenados los Pujol o que, al menos, fueran investigados y fuera comprobada la veracidad, o no, de los hechos denunciados por los periodistas, eso no lo pretendía la fiscalía. Sólo quería advertir a esos osados periodistas, y a los demás, por si acaso osaban hacer algo parecido, que a los "servidores públicos" pujolistas no se les podía tocar.

Ahora, en este periódico, en esta ciudad, una fiscal viene a hacer algo parecido a lo que hizo la fiscalía catalana. Nos amenaza con que no va a "permitir" que se "insulte" a un servidor público. Aunque sea otro "servidor público" el que le denuncia, suponemos. Aunque los hechos denunciados, muy graves, puedan ser verdad. Lo esperable por cualquier ciudadano de una democracia es que se investigue, vía que la fiscalía pidiera la investigación, si los hechos denunciados son ciertos o no, en todo o en parte. Lo incomprensible, y hasta diría que inadmisible, es que se pretenda acabar con el mensajero o, dicho de otra manera, con cualquier atisbo de libertad de expresión, la base sobre la que se sustenta cualquier democracia. Lo indignante, en mi particular caso, es que yo, como editor del periódico, haya sido objeto de un doble ataque terrorista y que la fiscal, por personalizar en alguien, no haya puesto el acento fiscalizador en que se averigüe quién o quiénes ordenaron perpetrar el atentado, sino en investigar sobre un artículo que este periódico publicó dos días antes del primero de los atentados terroristas.

Pero aún más allá que la incomprensión y la indignación está la tristeza que da que casi todo el mundo, casi todas las personas sensatas con las que he comentado este asunto, me recomiendan que lo deje, que no mencione a la fiscalía, en este caso, porque las reacciones de unos poderes casi sin límites, de una especie de "majzen" español, como me decían algunos bereberes locales, serán muy malas para nosotros, que no podremos defendernos y que terminaremos sucumbiendo ante la presumible persecución posterior. Es posible que eso ocurra, pero, una vez más, he de decir que es mejor morir con dignidad que vivir con vilipendio y, desde luego y como decía Jesús, la verdad nos hará libres, mientras que el miedo y la falta de libertad terminará matándonos.

Sobre el capitán de la Policia Judicial de la Guardia Civil de Melilla sólo puedo decir, al menos por ahora, que mi único contacto con él fue a propósito de las "diligencias" que realizó sobre el campo de golf de nuestra ciudad, un tema que, lógicamente, conozco muy bien. Sobre esas "diligencias" debo decir que jamás, en mi ya dilatada vida, vi semejante cúmulo de falsedades, invenciones, ignorancias, reiteraciones malintencionadas y sin fundamento e incluso faltas de ortografía y sintaxis. Nunca imaginé, tampoco, que un "servidor público" pudiera ultrajar a personas absolutamente inocentes, entre ellos a mi esposa y a mí, sometiéndonos, cuando fuimos forzados (sin violencia) a ir a (no) declarar al Cuartel de la Guardia Civil, a la ilegal "reseña", consistente en tratarnos y ficharnos como criminales y a pesar de haber sido advertidos previamente por nuestros abogados de que tal reseña era ilegal. Por cierto, no he visto a la fiscal supervisora de artículos actuar de oficio contra los que, servidores públicos o no, ordenaron la ilegal reseña que padecimos. ¿Servidores públicos o servidores de sí mismos, de sus ascensos, filias o fobias?
Cierro esta Carta con un lamento, un lamento profundo que comparto con toda mi familia, por el fallecimiento de Carlota Moral, que fuera esposa de uno de los médicos que más y mejor recuerdo ha dejado en nuestra ciudad, el doctor Rivas. Carlota era una persona cariñosa y entrañable a la que, conociéndola, era imposible no quererla, y nosotros la queríamos mucho. Mi especial pésame a sus hijos, Cristina, Ana y Antonio, y al resto de su espléndida familia. Comparto su pena por la ausencia de una persona tan irremplazable y valiosa como Carlotina.

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