La Ciudad Autónoma había anunciado que no iba a renovar el contrato a tres empresas de limpieza por falta de crédito. Se trataba de Coyme, Carmelo Martínez y una sección de Itusa que tenían a su cargo el mantenimiento de la frontera, los pinares de Rostrogordo, el cementerio municipal y los mercadillos ambulantes. Entre las tres, se repartían unos diez millones de pesetas al mes y fueron contratadas dentro de un plan de choque que puso en marcha el Ayuntamiento para atender algunas zonas específicas de la ciudad. El contrata expiraba el 17 de agosto y no iba a ser renovado. La falta de partida presupuestaria motivaba la decisión y según datos facilitados por las empresas la medida podría dejar en el paro a más de una treintena de personas.
