La Fiscalía del Tribunal Supremo ha zanjado la polémica que hace tres meses surgió en torno a unas declaraciones del diputado de Izquierda Unida (IU) y candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, en las que dijo que los agentes de la Guardia Civil “asesinan” en la valla de Melilla. La Fiscalía ampara estas declaraciones en la libertad de expresión. “Este es el mismo Gobierno que mientras mandaba a la Guardia Civil asesinar inmigrantes en la valla de Melilla, aprobaba una Ley de Extranjería que otorgaba el permiso de residencia inmediatamente a extranjeros que comprasen una vivienda de más de medio millón de euros”, dijo Alberto Garzón en una conferencia. El diputado de IU posteriormente desmintió que él llamara “asesinos a los agentes de la Guardia Civil o al conjunto de la Institución” y aclaró que lo que hizo fue criticar “con dureza la utilización que hace el Gobierno de un Cuerpo que defiende y vela por los derechos y la protección de la ciudadanía”.
Pese a su aclaración, Garzón no se libró de las denuncias, ya que el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ordenó que se diera traslado a la Fiscalía de estas declaraciones por si “pudieran ser constitutivas de delito”.
También presentó la correspondiente denuncia la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), a la que ahora ha dado respuesta la Fiscalía del Tribunal Supremo, según la cual las “manifestaciones del querellado se producen en un acto de naturaleza política, en un acto de un partido político” y debido al contexto, debe entenderse “en el marco de la libertad de expresión”.
“Si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y falta de respeto a las instituciones y autoridades, este tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor”, prosigue el escrito, según informa Vozpópuli.
