El Consejo de Ministros aprobó ayer, sin finalmente el acuerdo con los agentes sociales, el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con la que se persigue “una mejora de la calidad de los cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito”.
Para ello, el texto, entre otras cosas, abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta –financiada con cuotas, fondos públicos y europeos– a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas.
Esto evitará que, como hasta ahora, los agentes sociales sean juez y parte en la formación, y permitirá, según el Gobierno, que "sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación".
