El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma acordaba remitir un escrito al Defensor del Pueblo para solicitarle amparo ante la reciente aprobación por parte del Gobierno central de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el 2000, que supeditaba la aprobación definitiva de los planes urbanísticos de Melilla y Ceuta al dictamen final del Ministerio de Fomento.
El 98 por ciento de los policías nacionales con empleo en Melilla se posicionaban a favor de contar con el derecho de huelga que se les denegaba por ley. Así se manifestaban en unas elecciones.
El jurado popular consideraba culpable al joven acusado del homicidio de un joven legionario ocurrido en el año 1996.
