El exdelegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar, justificó ayer que el Consejo de Ministros acordara en noviembre de 2010 la extradición a Marruecos de Ali Aarrass porque “no pudo negarse” a la petición al no ser un ciudadano español, sino que es “belga y nunca ha sido español”. A preguntas de los periodistas, Escobar contestó así un día después de que se diera a conocer que una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que la extradición de Ali Aarrass a Marruecos fue ilegal. La ONH obliga a España a indemnizarlo económicamente por los actos de tortura y malos tratos que ha sufrido como consecuencia de esa extradición que la propia ONU pidió que se paralizara mientras analizaba el recurso que había presentado su abogado.
El caso de El Bay
Escobar, que era delegado del Gobierno en la época en la que el Consejo de Ministros acordó la extradición, dijo ayer que respeta el trabajo que pueda hacer un organismo internacional como es la ONU, pero recordó que la extradición se llevó a cabo en un proceso en el que había dos personas implicadas.
Escobar se refería concretamente a Mohamed El Bay, del que Marruecos también había solicitado la extradición acusado de pertenecer a una célula terrorista, como Ali Aarrass. La diferencia entre ambos, tal y como recordó el exdelegado del Gobierno socialista, es que Mohamed El Bay sí tenía nacionalidad española, de modo que el Consejo de Ministros pudo negarse en virtud del convenio de extradición, que permite denegarla a quien es español.
En cambio, Ali Aarrass “es de nacionalidad belga y nunca ha sido español”, aclaró ayer Escobar antes de apuntar que “curiosamente, el Gobierno belga fue avisado de la situación de Aarrass y no hizo absolutamente nada para proteger a su nacional”.
Por ello, consideró que “la ONU debería valorar quién debería aplicar esa protección, ya que Ali Aarras no era ciudadano español”.
Asimismo, dijo que si hay nuevos elementos que se juzguen, pero insistió en que “el Gobierno actuó siempre defendiendo a quien tenía la nacionalidad española en virtud de un convenio que es el que estaba firmado” y que no era de aplicación para Aarras porque era belga.
Eso dio lugar a la extradición de Aarrass a Marruecos, donde fue condenado por un tribunal de ese país a 15 años de prisión acusado de pertenecer a una célula terrorista y tráfico de armas.
El Comité de Derechos Humanos obliga ahora a España a proporcionar una compensación económica adecuada a Ali Aarrass por los actos de tortura y malos tratos a los que fue expuesto como consecuencia de su extradición a Marruecos.
El abogado de Aarras también apuntó la posibilidad de que se interpongan “las pertinentes acciones penales” contra el Consejo de Ministros que acordó la extradición de Ali Aarras.