El Gobierno de Melilla gastó en 2013 un total de 325.000 euros en servicios jurídicos externos a la Ciudad Autónoma, aunque ninguno de ellos fue utilizado para defender a ningún miembro del Ejecutivo, según especificó ayer su presidente, Juan José Imbroda. Además, quiso dejar claro que aunque la Ciudad Autónoma tenga sus propios servicios jurídicos, también puede contratar profesionales externos especializados en cuestiones concretas, igual que hacen todas las administraciones públicas, tal y como reconoce el Tribunal Supremo en una sentencia. Imbroda, en rueda de prensa, hizo esta precisión para responder a una acusación del PSOE respecto a que la Ciudad Autónoma había gastado en 2013 un total de 400.000 euros en servicios jurídicos externos, que habían sido elegidos a la carta por miembros del Gobierno como un “privilegio”. “Es mentira. Falso”, aclaró Imbroda antes de lamentar que “eso no vende, porque lo que vende es falsear, calumniar e injuriar”, ya que en este caso, de los 325.000 euros gastados en servicios jurídicos externos durante 2013 “no hay ningún euro de ningún miembro del Gobierno”.
Además, también insistió en que la cuantía fue menor de la que dijo el secretario general del PSOE, Gregorio Escobar, en 75.000 euros menos. De todos modos, también recordó que esa cuenta de 325.000 euros incluye otras cuestiones, como los gastos de seguros de la Administración Pública, el convenio con la Abogacía del Estado y el impuesto de bienes inmuebles de instalaciones como el Teatro Kursaal.
Imbroda explicó que los servicios jurídicos contratados por la Ciudad Autónoma son para defender a la institución de las denuncias que recibe por responsabilidades patrimoniales, optando por abogados especializados según las cuestiones, lo que también ayuda a descargar de trabajo a los abogados de la casa.
Un acuerdo antiguo
Ninguno de esos servicios contratados fue para miembros del Gobierno, aunque podrían haberlos utilizado porque, según Imbroda, existe un acuerdo desde años atrás de que él empezara a presidir la Ciudad Autónoma en el año 2000. Según este acuerdo, los miembros del Gobierno pueden ser defendidos por un abogado externo a la Ciudad Autónoma por cuestiones relacionadas con su cargo público, que pueden elegir, aunque en el caso de que pierda el juicio debe pagar de su bolsillo. El gasto tampoco sería asumido por la Ciudad Autónoma en el caso de que ganara el juicio, ya que las minutas del abogado serían costeadas por la parte contraria.
Además de este acuerdo, Imbroda aludió a una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2006 que resolvía a su favor cuando fue demandado por un presunto delito de malversación de caudales públicos por haber pagado una factura de abogados externos. En aquella sentencia, según explicó Imbroda, “el Supremo no decía en ningún momento que no se pueda contratar a un abogado externo y tiró a la basura la denuncia” que “algunos por vanidad” presentaron contra él, ya que el alto tribunal resolvió que la factura “estaba bien pagada y que no había malversación”.
Por todo ello, acusó al PSOE de “intentar hacer una tempestad en un vaso de agua”, ya que el hecho de que la Ciudad Autónoma tenga servicios jurídicos propios no impide que contrate otros externos, como así ocurre en el resto de administraciones públicas, entre ellas el Estado, subrayó.
