La Ciudad Autónoma de Melilla ha abierto la posibilidad a que se articulen normas que obliguen a las empresas beneficiarias de las bonificaciones a la Seguridad Social a repartir estas ayudas con los trabajadores. Esto ya viene establecido en “el espíritu de la ley” aprobada en 2004 para determinados sectores empresariales en crisis de Ceuta y Melilla, Ley que fue modificada en 2012 para dar cabida a más sectores y con un mayor porcentaje de deducción, que actualmente es del 50%. Sin embargo, ese reparto no se está dando en algunos casos. El portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, expresó ayer el “disgusto” y disconformidad del Gobierno melillense con la postura de algunas empresas que se están negando a repartir la bonificación, como es el caso de Eulen, que ha llevado este caso ante la Justicia.
El reparto de las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social entre las empresas y los trabajadores está establecido mediante un acuerdo firmado entre la patronal y los sindicatos, por el cual todas las empresas de Melilla están obligadas a ceder a sus plantillas un porcentaje de esas deducciones del Estado.
Sin embargo, Eulen quiere invalidar este acuerdo por su negativa a repartir las bonificaciones con los trabajadores, por lo que ha presentado una denuncia contra la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), según explicó este organismo hace unos días.
Ayer, el portavoz del Gobierno melillense puso en duda que no haya una fuerza legal para exigir que se repartan las bonificaciones, ya que existe este acuerdo que patronal y sindicatos firmaron en diciembre de 2012, que es de obligado cumplimiento y, además, “puede tener un carácter de negociación colectiva”. Este acuerdo es similar al que ya se firmó también en 2004 en el despacho del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, una vez que empezó a aplicarse por primera vez la medida.
“Eso obliga a todas las empresas melillenses, independientemente de que tengan su domicilio fiscal en otro sitio”, recordó Conesa antes de mostrarse de acuerdo con la postura de la CEME-CEOE y los sindicatos respecto a que las empresas repartan la bonificación con sus trabajadores.
No en vano, aunque la literalidad de la Ley indica que son ayudas para reducir los costes empresariales y mantener la contratación, Conesa dejó claro que los trabajadores “también sufren parte de la crisis” y por tanto, deberían recibir parte de esa bonificación como una subida salarial.
Ante toda esta situación, Conesa dijo que si no se resuelve la situación, “habrá que plantearse la adopción de medidas” para que el reparto pase a ser obligatorio en la ley en lugar de que solo sea “el espíritu de la norma”, como lo es desde que en 2004 llegaron las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social.
Contratación pública
Conesa lo consideró necesario para que no haya discriminación entre los trabajadores de las diferentes empresas, pero también para que no se produzca un efecto de posible competencia en los concursos de adjudicación de contratos públicos por los costes.
Sin embargo, vio difícil que la Ciudad Autónoma pueda obligar a las empresas que se presentan a los concursos de adjudicación de obras y servicios a repartir la bonificación, ya que las normas de contratación están establecidas en las leyes que regulan los contratos públicos, donde “no parece que esto sea posible encajarlo ahí”.
