El portavoz del Gobierno cree que si la oposición hubiera hablado sobre el informe del Tribunal de Cuentas (TCu) después de la comisión celebrada el martes, lo hubiera hecho de otra forma. Aseguró que se dio cuenta detalladamente de las 12 recomendaciones y que no hay ninguna irregularidad entendida como una forma de contravenir la ley, sino que los organismos tienen formas diferentes de entenderla. La última documentación enviada es de marzo, por lo que la colaboración con el TCu es “inmensa”. En cualquier caso, “la Ciudad tiene argumentos de peso para defender sus actuaciones donde haga falta”, también ante un juez. El portavoz del Gobierno local suscribió ayer lo defendido por el presidente autonómico el día anterior "punto por punto". Daniel Conesa aseguró que el Tribunal de Cuentas no ha detectado irregularidades "entendidas como actos conscientes para contravenir la ley" en el informe de los ejercicios 2010 y 2011, sino que habla de deficiencias en contratos y procedimientos administrativos, como consecuencia de una diferencia de criterios a la hora de entender la norma. El portavoz del Gobierno local hizo estas declaraciones, tras la Comisión de Economía celebrada el martes, en la que, aseguró, se informó de forma pormenorizada a los partidos de la oposición, considerando Conesa que si las declaraciones las hubieran hecho tras esta comisión, "no antes", hubiera cambiado el modo de pronunciarse de estos, por cuanto "hicimos un análisis lo más detallado que pudimos de las doce recomendaciones" que recoge el informe del Tribunal de Cuentas. Son todas, explicó, recomendaciones de carácter técnico, y, a día de hoy, "puedo afirmar sin equivocarme, que el grado de cumplimiento de esas recomendaciones es muy alto", aseveró el popular.
Conesa explicó que el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no puede ser total, por cuanto todavía en 2011 y 2012 se estaba cerrando el informe de 2006 y 2007, puso como ejemplo. Pero, "prácticamente todas las recomendaciones que nos ha solicitado el Tribunal de Cuentas en distintos ejercicios se han puesto en marcha". Para el portavoz del Gobierno local, "hay una carga de subjetividad importante" si el Tribunal de Cuentas considera que no se ha avanzado lo suficiente en este sentido, esperando que el próximo informe de fiscalización, correspondiente al ejercicio 2012, reconozca estos avances. "Vamos perfeccionando año a año, y para aquellas cuestiones que el Tribunal de Cuentas considera que hay que perfeccionar, que para eso está, se ponen medidas correctoras para asumirlas".
En lo que respecta a la fiscalización de 2010 y 2011, la Ciudad Autónoma de Melilla envió hasta en cuatro ocasiones documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas, en abril, mayo y junio del 2013, fueron "cuatro envíos muy voluminosos". Tras esto, la Ciudad también envió un escrito con alegaciones en octubre, de áreas diferentes, como de Medio Ambiente, de Fomento, Juventud y Deportes, de Bienestar Social, de la Consejería de Economía, de Administraciones Públicas, de Inmusa y de Emvismesa, entre otras dependencias. El 24 de marzo de este mismo año se envió la última documentación exigida al Tribunal de Cuentas, en la que la Ciudad reiteraba su opinión en determinadas cuestiones no coincidentes con el órgano. Para Conesa esto demuestra que la colaboración del Gobierno local con el Tribunal de Cuentas es "inmensa", por lo que no entiende que se pueda pensar que un técnico va a hacer mal adrede un determinado informe.
Conesa cree que la cuestión no es un caso de "dos más dos" y que el Tribunal de Cuentas también se equivoca, poniendo como ejemplo "el famoso caso de la Mesa de Contratación", por el que envió quince expedientes a la Fiscalía de Málaga para que determinara si había responsabilidad penal y luego se archivó de forma provisional la causa.
El popular insistió en que, ni mucho menos, desde la Ciudad Autónoma se ha pensado en contravenir la ley en los informes de 2010 y 2011, "quien lo piense, se equivoca de cabo a rabo, antes, ahora, y después". En este sentido, la Ciudad tiene "argumentos de peso más que suficientes para defenderla legalidad y regularidad de todas sus actuaciones administrativas donde haga falta, ante el Tribunal de Cuentas, o ante un juzgado", concluyó el portavoz, insistiendo en que "no hay irregularidades, ni tramas, ni intención de incumplir la ley con ningún objetivo, ni nada de nada".
