Enrique Palacios, presidente del PIM, pedía al gobierno de la Ciudad Autónoma, que presidía Imbroda, que en vez preocuparse de conectar internet en los televisores de los melillenses "se preocupe de los problemas que azotan a muchos hogares, como la falta de empleo o de una vivienda digna". Por su parte la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla juzgaría a Enrique Palacios a partir de finales de septiembre por un presunto delito de prevaricación y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales de los diputados del PP que en marzo de 1998 le presentaron una moción de censura, tras ser proclamado, presidente de la Ciudad, gracias a la alianza con CPM, UPM y PSOE. Palacios había ordenado el cierre del Palacio de la Asamblea para que no se celebrara dicho pleno de la moción de censura.
