El 14 de abril de 2015 el acusado circulaba por el puesto fronterizo de Beni Enzar en dirección a Marruecos cuando un agente se percató de que la tarjeta de la ITV había sido manipulada. El acusado llevaba dos sellos falsos y no había pasado la ITV desde 2013 (dos años antes). Tras reconocer los hechos, el Ministerio Fiscal condenó al hombre a 6 meses de prisión y 1.080 euros de multa por un delito de falsificación de documentos públicos. El 14 de abril de 2015 por la mañana, el acusado conducía por el control de acceso a Marruecos del puesto fronterizo de Beni Enzar cuando un agente le solicitó la documentación del vehículo.
Al revisar la documentación del acusado, el agente se percató de que la tarjeta de inspección técnica de vehículos (ITV) presentaba indicios de haber sido manipulada.
La tarjeta de la ITV presentaba dos sellos falsificados de la empresa melillense IVESUR, que habilitaban fraudulentamente al vehículo para circular en 2015 y 2016.
Tras realizarse las pertinentes pesquisas, se determinó que el acusado llevaba con la ITV de su vehículo “caducada” desde 2013.
Ahorro costoso
La argucia no pudo salir peor para el acusado, que fue pillado “in fraganti” y, ya en sede judicial, reconoció de plena conformidad su papel en los hechos delictivos que se le imputaban.
Debido al reconocimiento de los hechos, el Ministerio Fiscal redujo sus pretensiones iniciales -solicitaba para el acusado un total de un año de prisión y 2.700 euros de multa- y finalmente interesó para el acusado una pena de seis meses de prisión más una multa de seis euros diarios durante seis meses, o lo que es lo mismo, un total de 1.080 euros de multa, por un delito de falsificación de documentos públicos. Además, el juez informó al acusado de que iba a imponerle una pena de 60 días de trabajos en favor de la comunidad.
El acusado, que necesitó de la asistencia del intérprete de los juzgados, aceptó la pena pero se mostró contrario a los trabajos comunitarios ya que, según comunicó al juez, su trabajo en Gaselec hacía imposible que pudiera cumplir con la sentencia sin dejar su trabajo.
El juez, a la luz de estos hechos, sentenció que los días de trabajos comunitarios quedarían restringidos a los fines de semana, “si no fuera posible, se los quitaría”.
En definitiva, el ánimo de ahorrarse el engorroso trámite y los aproximadamente 40 euros de la ITV acabó por costarle un perjuicio mucho mayor del que se había ahorrado.
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