El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha afeado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que busque desactivar la petición de ayuda que envió a WhatsApp y a Google para recuperar sus chats y correos electrónicos después de que la Guardia Civil hallara «cero» mensajes en sus dispositivos.
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor desestima el recurso que presentó la Abogacía del Estado –en nombre de García Ortiz– y mantiene la comisión rogatoria que remitió a Irlanda para conseguir la cooperación de Meta -propietaria de WhatsApp- y Google.
El magistrado insiste en que dicha medida «ha sido necesaria» solo por «la falta de colaboración» de García Ortiz, quien reconoció en su declaración como investigado ante el Supremo que borró sus chats y correos electrónicos por motivos de seguridad, en el marco de un protocolo de protección de datos de la Fiscalía General.
Hurtado sostiene que «no se puede pretender» que «se obvie la práctica de algunas diligencias» que pretenden suplir dicha falta de colaboración del jefe del Ministerio Público. En este sentido, insiste en «de lo que se trata es de recuperar una información que existiera en dispositivos móviles utilizados por el investigado, que ha podido hacer desaparecer».
También desestima el argumento del fiscal general de que el auto por el que acordó la mencionada comisión rogatoria carece de «la motivación mínima e imprescindible que permita comprender las razones de la decisión». Defiende que la medida es «razonable y coherente» y rechaza a su vez el reproche de García Ortiz de que no determinara el marco temporal de la investigación.
Para el instructor, «se trata de una queja absolutamente formal, que, para darle respuesta, basta con que recordemos que ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada».
En el marco de la resolución, Hurtado desestima también el recurso que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que ejerce la acusación popular- para que se pidiera información a las sedes de WhatsApp y Google en España.
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