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¿Y por qué no una segunda opinión?

Quienes ahora gobiernan Melilla (Coalición por Melilla, PSOE y el expulsado de Cs Eduardo de Castro), cuando estaban en la oposición, se pasaban los días pidiendo a quienes entonces gobernaban (PP) que solicitara informes del Consejo de Estado para dar un paso en prácticamente cualquier decisión. Alegaban que, de esa manera, habría una mayor garantía jurídica sobre la legalidad de lo que se estaba intentando hacer. Hubo ocasiones, incluso, en las que votaron en contra del asunto en cuestión por ser rechazada desde el Gobierno esa cuasi exigencia de acudir al Consejo de Estado.
CpM, PSOE y el expulsado De Castro, ahora en el Gobierno, ya se han olvidado del Consejo de Estado o de cualquier cosa que se le parezca, aunque el asunto que esté sobre la mesa sea nada menos que la Presidencia de la Ciudad Autónoma y la necesidad de disipar las muchas dudas legales que al Gobierno le han surgido a la hora de aplicar el Reglamento de la Asamblea. Un reglamento que, como ya dijimos en un Editorial anterior, está quedando en papel mojado no solo porque no se está aplicando, sino también porque si genera más dudas legales de las que resuelve, demuestra que sus autores en la legislatura anterior (prácticamente los mismos que hoy se sientan hoy en los escaños de la Asamblea) no hicieron bien su trabajo.
Llama poderosamente la atención que el Gobierno de Melilla se resista a pedir una segunda opinión y se quede con una sola, la que dice el informe jurídico que ha hecho el secretario accidental de la Asamblea, Juan Luis Villaseca, que es secretario técnico de Medio Ambiente y que sustituye en sus vacaciones al secretario titular, Antonio Jesús García Alemany. El Gobierno no acepta la petición del PP de encargar un segundo informe al secretario titular, que dentro de unos días se reincorpora a su puesto de trabajo, esgrimiendo el argumento peregrino de que ambos son accidentales porque el puesto debe ser ocupado por un funcionario habilitado nacional, como si eso importara algo.
La cerrazón del Gobierno provoca, inevitablemente, una pregunta: ¿por qué? Y despierta, irremediablemente, la sospecha de que no quiere segundas opiniones cuando ha encontrado en la primera la respuesta que quería. Ello también invita a desconfiar del informe que ha realizado el secretario accidental, Juan Luis Villaseca, cuyo currículum, publicado en la web de la Ciudad Autónoma, refleja que es funcionario de Instituciones Penitenciarias. Curiosamente, igual que Eduardo de Castro, por lo que es probable que fueran compañeros de trabajo en años anteriores.
La vicepresidenta de la Asamblea se esforzó en justificar la negativa a buscar una segunda opinión aludiendo a la “neutralidad” del secretario accidental. Como si el secretario titular no fuera neutral o el Consejo de Estado tampoco. No tiene lógica ese posicionamiento, que daría incluso más tiempo a De Castro para disfrutar de la poltrona de la que no quiere moverse. Ninguna de las tres patas del Gobierno quiere segundas opiniones porque la primera le interesa. No tiene más vuelta de hoja.

Redacción