Tiempos son en los que algunas leyes van de acorde a las necesidades de la sociedad, a la par. Por desgracia, algunas fueron por detrás. En tantas ocasiones la clase política encargada de legislar, se ha guiado por criterios confesionales en vez de sociales a la hora de atender determinadas demandas de la vida de las personas. Y una de ellas tiene que ver con la muerte digna. La Ley de la Eutanasia, prevista para quienes padezcan “una enfermedad grave e incurable, con un pronóstico de vida limitado una discapacidad irreversible que les cause un sufrimiento insoportable”, puede ser una realidad a medio plazo. Un derecho individual que va a ser protegido en los supuestos determinados, salvaguardando la objeción de conciencia profesional, con el control previo y en toda la red sanitaria, pública y privada. Esto no va de moralidad, va de derechos humanos. Como tantos aspectos que afectan a la vida de las personas, hay una cierta hipocresía en este asunto “vital”. Debe haber libertad de voto parlamentario y alejado de la confrontación que supone decir blanco contra negro, y al revés, según opine el contrario político.
La Ley de Cuidados Paliativos, que se pretende potenciar para garantizar la asistencia en todo el territorio, no es suficiente en determinados casos. En ellos, el cuidado paliativo no es más que una prolongación de la desesperanza y la agonía. Quien lo ha vivido por familiares y amistades, lo sabe. Ella, su oposición, no puede ser motivo de estrategia política de bloque, va más allá de tabulación de ideas económicas o políticas de cualquier grado, afecta a algo esencial humano.
Se ha comparado la Ley de la Eutanasia con el “tráfico de órganos” o la “aceptación de la esclavitud propia” por el hecho que “supone una agresión a los mismos principios y valores constitucionales que invoca para la legalización de la eutanasia”. Se ha dicho que este asunto no está en el debate social. Cabe preguntarse si quien desahuciado y sin esperanza, y sus familias, eligiendo esta vía, van contra la Constitución o no tienen ese debate en casa y en su entorno. Cabe.
Con la Ley del Aborto, iniciada en 1985 y modificada en 2010, salvando las distancias, ocurrió algo parecido y sigue ocurriendo por esos criterios morales, confesionales o partidistas. Sobre aquella hipocresía citada en este “juntapalabras”, quien no conoce a algún opositor acérrimo al aborto y la vida en cualquier caso que debió recurrir a él cuando alguna circunstancia personal le agobió. Los hay.
Seguramente, más delante, llegará el momento de reflexionar sobre legislar el consumo de ciertas drogas con toda su crudeza, audacia y riesgo ante este problema crucial. Experiencias existen a las que referenciar.
Determinadas leyes suponen una dosis de valentía, pero cuando suponen restaurar derechos e instaurar justicia conviene no perderse en ese intrincado laberinto de intereses electorales y políticos por encima está la sociedad, como lo está en países de nuestro entorno democrático que ya regularon, y esta exige que la buena muerte forme parte de la vida digna. Es solo una opinión, que como tal encontrara la contrapuesta.
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Vivir sin miedo a morir indignamente