Usar la Justicia con motivaciones políticas

Pero "el tiro les ha salido por la culata" y como decía ayer Imbroda, en su valoración de la sentencia, quienes les han querido "matar jurídicamente", no han conseguido su propósito y tendrán que responder ellos en los juzgados de sus falsas denuncias Sobre las tres y media de la tarde saltaba la noticia e incluso era incluida en directo por los telediarios de las principales televisiones nacionales: "El Tribunal Supremo archiva la causa contra Imbroda por prevaricación" señalaban en sus conexiones. A partir de ese momento, la información corría como la pólvora por toda la ciudad y era motivo de comentarios en las redes sociales. Sin embargo, aquellos que habían hecho uso de esta herramienta de internet con más profusión durante todo este tiempo, ayer se quedaban mudos, como en estado de shock. No esperaban que el alto tribunal decidiera con tanta rapidez y de la manera que lo hizo, subrayando que Juan José Imbroda no ha cometido delito en la contratación de un abogado externo por parte de la Ciudad Autónoma. Confiaban en que Imbroda llegara a las elecciones "imputado", con el peso peyorativo que esa palabra trae consigo, aunque en realidad suponía una mayor garantía en esta causa que seguía contra él, tras ser denunciado por una asociación minoritaria de abogadas próxima al PPL que preside el doblemente condenado Ignacio Velázquez y al propietario de Gaselec y Cablemel, Gustavo Cabanillas. Pensarían que sería la única manera de ganar al PP, mediante el uso de los tribunales de Justicia, ante la imposibilidad de lograr ese triunfo en las urnas.

Pero "el tiro les ha salido por la culata" y como decía ayer Imbroda, en su valoración de la sentencia, quienes les han querido "matar jurídicamente", no han conseguido su propósito y tendrán que responder ellos en los juzgados de sus falsas denuncias.

El panorama político, con la decisión del magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, de archivar la causa abierta al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla por presuntos delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001, se despeja aún más. Porque si Imbroda no ha cometido prevaricación, ninguno de los miembros del Gobierno que están imputados por esta misma causa deberían estarlo ya, si se sigue el mismo rasero de Monterde. Con ello, partidos como PSOE y sobre todo PPL, que tienen puestas todas sus esperanzas en las denuncias que han ido presentando en los tribunales de Justicia, para acceder al Gobierno de Melilla, se verían totalmente difuminadas con los archivos de causas, que se han conseguido abrir por puras motivaciones políticas, con cálculos electorales que, con resoluciones como la de ayer, se les venderían completamente abajo.

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