Los datos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2025 deberían haber encendido todas las alarmas: Melilla ha perdido más de 30.000 pasajeros y cerca de 7.000 vehículos respecto al mismo periodo del año pasado. Una caída del 34,6% y del 34,8%, respectivamente. No es un dato menor. Es la constatación de un problema de fondo: nuestra ciudad está perdiendo conectividad, protagonismo y oportunidades.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, lo ha explicado sin rodeos: la causa es el actual contrato marítimo, un documento que no responde a las necesidades reales de Melilla y que, de no corregirse, nos condena a seguir perdiendo terreno frente a otras rutas como Almería-Nador o Motril-Alhucemas. Mientras nosotros retrocedemos, otros avanzan.
Lo más preocupante es que, aunque los barcos viajen llenos, lo hacen porque hay menos. La reducción de rotaciones ha colapsado la oferta. Hoy, reservar un camarote desde Melilla para lo que queda de verano es una misión imposible. El problema no es la demanda, sino la oferta: nos hemos quedado con la mitad de los viajes respecto a 2024, y nadie en el Gobierno central parece inquietarse.
Melilla no puede permitirse este lujo. Porque no es un lujo, es una necesidad. Las conexiones marítimas no solo sirven para mover personas o mercancías: son un puente vital para la economía, el turismo, la cohesión social y el sentimiento de pertenencia. Cuando un melillense no puede viajar fácilmente a la península, se fractura algo más que la logística. Se debilita el vínculo emocional con el resto del país.
Quevedo ha planteado una solución tan sencilla como lógica: recuperar la cuarta rotación semanal con Almería. Una medida que incrementaría en un 4 o 5% el coste del contrato actual, perfectamente asumible según la normativa. Y sin embargo, se topa con la negativa inexplicable de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, cuya actitud —como bien señaló Quevedo— resulta “singular”. En lugar de defender una medida razonable, viable y popular, se atrinchera en el silencio institucional, lo cual es tanto una irresponsabilidad como una falta de lealtad con esta ciudad.
La Delegación del Gobierno y el Ministerio de Transportes deberían ser los primeros en velar por el interés general. Hoy, sin embargo, están ausentes. Y mientras tanto, las navieras pierden ingresos, la estación marítima se infrautiliza y el puerto sufre un desgaste estructural e institucional que nadie parece dispuesto a frenar.
Es urgente que se corrija el rumbo. Que no se prorrogue este contrato fallido. Que se escuche a quienes viven y trabajan en esta ciudad. Que se entiendan nuestras particularidades geográficas y sociales. Y que se actúe con altura de miras para devolver a Melilla la conectividad que merece.
Porque una ciudad aislada no es solo una ciudad mal gestionada. Es una ciudad a la que le están robando el futuro.
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Unos datos de la OPE preocupantes
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