Bajo el título 'Contra el estado de excepción de los derechos humanos en Ceuta y Melilla', unas 150 organizaciones sociales de todo el estado han firmado un manifiesto en contra de lo que consideran "un uso retorcido de la actividad legislativa que pretende colocar una decisión política y una actuación administrativa, por encima de la propia Constitución, la normativa Comunitaria y de los derechos humanos". Con ello se refieren, a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada el pasado viernes en el Congreso de los Diputados tras pasar por el Senado, en concreto, a la Disposición Transitoria única que introduce una Adicional Décima en la Ley de Extranjería que pretende "dar amparo a las devoluciones ilegales en ambas ciudades autónomas que vienen siendo practicadas cada vez más abiertamente por el Ministerio del Interior", aseguran desde estos colectivos quienes critican haber “acercado esta práctica ilegal a la Ley".
Estos 150 colectivos, que insisten en "haber apelado desde hace unos meses al humanismo de los miembros del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado", lamentaron que sus peticiones "hayan caído en sacos rotos, al igual que ha ocurrido con las manifestaciones de organismos nacionales e internacionales y juristas".
De la misma manera, las asociaciones explicaron que las modificaciones realizadas a esta enmienda "han resultado ser un contenido estético más que ético". Y es que, cuestionan si con la legalización de esta práctica y la habilitación de las oficinas de asilo en ambas ciudades, haciendo referencia en la norma al respeto a las normas internacionales, permitirán "acceder a los inmigrantes para solicitar asilo por otras vías que no sean los puntos fronterizos", o si "tendrán derecho a un procedimiento jurídico antes de ser expulsados".
Para las organizaciones firmantes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ignora la situación de la población subsahariana "como si se tratara de un área geográfica donde no existiesen conflictos bélicos y los regímenes democráticos floreciesen".
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