El SUP advierte que la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente tendrá un impacto directo sobre el trabajo policial en Ceuta y Melilla

El sindicato policial reclama que cualquier modificación del marco jurídico vaya acompañada de un “refuerzo real de recursos policiales y de una política migratoria coherente y eficaz para evitar que esa percepción pueda ser utilizada por las mafias para incentivar nuevas salidas hacia nuestras fronteras”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe aplicar las devoluciones en caliente a migrantes interceptados en el mar frente a Ceuta y Melilla tendrá un impacto directo sobre el trabajo policial en ambas ciudades autónomas.

En un comunicado, el sindicato policial ha señalado que, al excluir el rechazo en frontera para las personas interceptadas en el mar y obligar a tramitar un procedimiento ordinario de devolución, cada intervención requerirá “más diligencias, identificación, asistencia letrada, intérprete, comprobación de posibles solicitudes de protección internacional y una mayor carga de custodia y gestión administrativa”. Todo ello, ha añadido, recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería y Fronteras “que ya soportan una presión asistencial y burocrática muy superior a su capacidad”.

Ha apuntado que la sentencia no impide las devoluciones cuando legalmente procedan, pero sí elimina “una herramienta inmediata y obliga a procedimientos más largos y complejos”. “Si el Estado incrementa las exigencias jurídicas sin reforzar simultáneamente las plantillas y los medios, el resultado será una mayor saturación de los servicios policiales y una menor capacidad para atender otras funciones esenciales de seguridad ciudadana”, advierte.

Organizaciones criminales

El sindicato pone el foco también en el mensaje que esta sentencia proyecta hacia las organizaciones criminales, en concreto sobre las redes de inmigración irregular, que adaptan sus rutas y métodos cuando perciben que los mecanismos de devolución son “más lentos o complejos”.

Por ello, reclaman que cualquier modificación del marco jurídico vaya acompañada de un “refuerzo real de los recursos policiales y de una política migratoria coherente y eficaz para evitar que esa percepción pueda ser utilizada por las mafias para incentivar nuevas salidas hacia nuestras fronteras”.

“No se puede exigir más carga administrativa, más garantías procedimentales y más responsabilidad sin dotar previamente a las unidades de los efectivos y medios necesarios para cumplir su misión con eficacia y seguridad”, concluye.

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