Una solución a la cancelación de vuelos por baja visibilidad

Cada vez que la niebla cubre la pista del aeropuerto, Melilla desaparece del mapa. No metafóricamente, sino de forma literal. Vuelos cancelados, pasajeros atrapados, citas médicas perdidas, estudiantes que no llegan a sus exámenes y familias separadas durante días. En pleno 2026, la ciudad sigue dependiendo del parte meteorológico como si la tecnología aeronáutica no hubiera avanzado en décadas.

El vicepresidente primero del Gobierno local y consejero de Turismo, Miguel Marín, ha responsabilizado al Ejecutivo central de las cancelaciones registradas esta semana por baja visibilidad. A su juicio, bastaría con invertir “unos cuantos millones” en la ampliación de la pista y algunos cientos de miles de euros en la implantación de sistemas de aproximación que permitan operar con niebla o nubes bajas para reducir drásticamente estas incidencias. Un año después de su reunión con el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, asegura que no se ha aplicado “ni una sola medida”.

El argumento no es nuevo. Tampoco lo es la frustración ciudadana. Lo que sí resulta cada vez más evidente es que el problema se ha cronificado. Y cuando un problema se cronifica, ya no es solo técnico: es político.

Desde la oposición, Coalición por Melilla (CPM) coincide en el diagnóstico —la necesidad de sistemas de aproximación más avanzados y mejoras técnicas— pero reparte responsabilidades. Denuncia años de “promesas incumplidas” tanto por parte del Gobierno central como del local y acusa al Partido Popular de repetir compromisos que no se han materializado en más de una década. Según la formación, cada episodio de niebla, nubes bajas o calima se convierte en “un drama colectivo” por falta de planificación.

Lo preocupante no es el cruce de declaraciones. Lo preocupante es que, mientras PP y CPM se enzarzan en la autoría del abandono, los melillenses siguen pagando las consecuencias de una delegada del Gobierno, la socialista Sabrina Moh, que no hace su trabajo. Porque la conectividad en una ciudad extrapeninsular no es un lujo: es un derecho básico. No hablamos de turismo —aunque también—, hablamos de sanidad, educación, trabajo y cohesión social.

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