Un migrante de Mali se ha querellado contra un agente de la Guardia Civil, al que acusa de haberle provocado la pérdida total de la visión de un ojo tras golpearle en la cara con la porra cuando trataba de frenar un intento de entrada irregular en la valla de Melilla el 2 de marzo de 2022.
La querella también se extiende contra el superior jerárquico de dicho agente sobre el terreno, según han informado en una nota de prensa Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, que asiste jurídicamente a este migrante, y Sira – Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Torturas, que ha realizado un peritaje psicológico.
En la querella se apunta que supuestamente se produjo un delito de tortura y/o contra la integridad moral, “por lo desproporcionado e injustificado de la actuación”, así como por el uso de la defensa en la zona de la cara, “que incumple el protocolo”, y un delito de lesiones causando pérdida o inutilidad de un órgano principal.
Todo ello, “con el agravante de racismo, por el contexto en que se produjo, y el de prevalencia de carácter público”, según estas entidades, que consideran que el caso de este migrante, de nombre Djack, “es un ejemplo más de la violencia institucional, muchas veces desproporcionada e injustificada, que tiene lugar en la Frontera Sur española, bajo el pretexto de la necesidad del control migratorio”.
El salto a la valla en el que se produjeron los hechos es el más numeroso de la historia de esta infraestructura fronteriza, en el que participaron alrededor de 2.500 subsaharianos, y se saldó con la entrada de 491 y un total de 36 heridos, concretamente 20 inmigrantes y 16 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según fuentes oficiales.
Entre los migrantes estaba Djack, que en esos momentos era menor de edad, y que, según relatan Irídia y Sira, tuvo que abandonar su país de origen por la situación de violencia creciente a causa de un conflicto, por el que llegaron a morir en un atentado miembros de su familia.
Quería pedir asilo
Trató de pedir asilo en Argelia, sin éxito, y, después de un tiempo en Marruecos, “donde sufrió episodios de persecución y violencia policial”, decidió solicitar asilo en territorio español, razón por la que intentó saltar la valla “ante la no existencia de vías legales y seguras y la imposibilidad de acceder a la oficina de protección internacional de la frontera de Beni Enzar”.
“Las fuerzas y cuerpos de Seguridad trataron de impedirles el paso y detenerlas para ser devueltas inmediatamente al lado marroquí”, apuntan las dos entidades, que aseguran que “un número elevado de personas fueron devueltas de forma sumaria sin respetar la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia ni la normativa internacional”.
“Durante este operativo, un agente de la Guardia Civil golpeó a Djack en la cabeza directamente con la porra, causándole la pérdida de la visión en el ojo para siempre”, y después “le golpeó también en la espalda”.
Este migrante fue acogido en el centro para menores “La Purísima”, de Melilla, donde se le ofreció una primera atención médica, y de allí fue derivado al hospital, donde estuvo ingresado 15 días.
Según informan Irídia y Sira, los golpes en el ojo izquierdo le causaron una perforación ocular, que le ocasionó la pérdida de la visión en el ojo, por la que sigue recibiendo asistencia sanitaria en Barcelona, donde reside actualmente, y también está en tratamiento psicológico por parte de CEAR.
Paralelamente, recibe tratamiento psiquiátrico en el Hospital Vall d’Hebron, “ya que los hechos le causaron también graves impactos a nivel psicosocial”.
“Racismo institucional”
“Estos hechos tuvieron lugar en un contexto concreto y sostenido de violencia y racismo institucional”, insisten Irídia y Sira al recordar que en 2022, además de los intentos de entrada en dos días consecutivos a principios de marzo, también ocurrió “la masacre” en la valla de Melilla el 24 de junio, “en que murieron al menos 40 personas y tras la cual aún hay más de 77 personas desaparecidas”.
Las dos entidades reclaman que de forma urgente se habiliten vías legales y seguras de acceso al Estado español y al resto de países de la UE, y que se respete el derecho al asilo, además de los derechos humanos, que “es lo que debería primar en las actuaciones policiales en frontera, y no la represión violenta” para evitar las entradas o para “tratar de hacer devoluciones en caliente”.
Asimismo, consideran necesario aclarar los hechos y repartir responsabilidades en casos como este o como los del 24J, “todavía más graves y que aún no han sido investigados de manera efectiva”, para lo que creen “imprescindible” la creación de un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales.
