Torres-Dulce asegura que la Fiscalía examina todas las denuncias sobre devoluciones de inmigrantes

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que todas las denuncias que llegan sobre supuestas devoluciones de inmigrantes de Melilla a Marruecos son examinadas, y, "si hay datos suficientes", se procede a la judicialización de las mismas "en el menor tiempo posible". Sobre la investigación abierta acerca de la legalidad de la concertina en la valla, el informe enviado al Gobierno es "reservado", pero dejó claro que en él se contemplan "los dos conflictos", la protección de los derechos humanos y las responsabilidades del Estado como frontera de Europa. Torres-Dulce defendió que corresponde a la "excelente" Fiscalía de Melilla y a la especializada en materia de extranjería actuar en lo referente a las supuestas devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla. De cualquier modo, "todas las denuncias que nos llegan las examinamos", también las que realizan diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre este asunto, y, "si vemos que contienen datos suficientes, procedemos a la judicialización de las mismas en el menor tiempo posible", declaró el fiscal general del Estado, que participó ayer en las jornadas jurídicas 'Enrique Ruiz Vadillo', celebradas en Melilla.

A preguntas de la prensa sobre si consideraba que el modo de actuar en la valla ante la fuerte presión migratoria era "a su juicio" legal y correcto, Torres-Dulce no quiso entrar en valoraciones, insistiendo en que "ese pronunciamiento corresponde a los órganos de la Fiscalía", y es, dijo, cuando llega ese pronunciamiento cuando "actúo en consecuencia", ratificándolo o sometiéndolo al principio de dependencia jerárquica.

De otra parte, tras la investigación que exigió Torres-Dulce abrir a finales del pasado año sobre la legalidad de las concertinas en la valla, el fiscal general del Estado explicó ayer que el informe elaborado fue trasladado al Gobierno, pero, "como todos los informes, tiene carácter reservado". De todos modos, dejó claro que tenía en cuenta "los dos conflictos". Aunque Torres-Dulce aseguró que para el Ministerio Fiscal, "siempre, y de forma prioritaria", está la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, también se tienen en cuenta las "responsabilidades" que como frontera de Europa tiene el Estado español.

“Reproche penal”
Torres-Dulce dejó claro que el Ministerio Fiscal va a contemplar "siempre" situaciones concretas y determinadas, y no situaciones de prevención, de carácter político-administrativo, puesto que es algo que compete al Ministerio del Interior y al Gobierno. La Fiscalía actuaría en este sentido si se produjese un hecho que mereciera un "reproche penal". Torres-Dulce aseguró que se tiene muy en cuenta el cumplimiento de la legalidad, "interpretado siempre desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y del interés en general". Así las cosas, cuando entran en conflictos varios derechos, hay que actuar bajo la "proporcionalidad" de los mismos, para que los conflictos que se suscitan se vean siempre desde el punto de vista del "debido equilibrio", concluyó el fiscal general del Estado.

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