El Grupo Parlamentario Mixto Somos Melilla ha anunciado que llevará al Pleno de Control de este viernes dos cuestiones que, según su portavoz adjunto Amín Azmani, reflejan la situación de bloqueo institucional y el deterioro de los servicios públicos en la ciudad.
En primer lugar, el grupo exigirá explicaciones al Ejecutivo de Juan José Imbroda por lo que considera un “bloqueo sistemático” a sus iniciativas parlamentarias. Desde el inicio de la legislatura, Somos Melilla ha registrado once mociones que fueron admitidas a trámite, pero —según denuncia la formación— la mayoría no han sido debatidas ni en comisión ni en Pleno. Azmani reclamará al presidente que aclare los motivos por los que, en su opinión, se estaría ignorando de forma reiterada el trabajo de la oposición, y pedirá garantías de respeto al derecho de iniciativa parlamentaria.
“Las mociones presentadas por nuestro grupo buscan soluciones para los problemas cotidianos de los melillenses”, ha afirmado Azmani, quien anticipa que exigirá al Gobierno local un compromiso claro con los cauces democráticos y el papel de la oposición.La segunda cuestión que se abordará en el Pleno está relacionada con el estado de los servicios públicos en determinados barrios de Melilla. El diputado pondrá el foco en lo que considera un abandono institucional de zonas como la Barriada de la Constitución o Cabrerizas, donde —según sostiene Somos Melilla— persisten problemas estructurales que no están siendo abordados con un plan integral.
Desde el grupo parlamentario señalan que el Ejecutivo actúa “con improvisación” y sin una estrategia clara, lo que se traduce, según sus palabras, en una “dejadez visible y generalizada”. Azmani pedirá al Gobierno que concrete qué medidas piensa adoptar para revertir esta situación y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas afectados.Entre las carencias señaladas se encuentran la limpieza, el mantenimiento, la iluminación y el mobiliario urbano. El grupo insiste en que estas deficiencias no pueden seguir siendo ignoradas y reclama un giro hacia una gestión “más transparente, participativa y comprometida” con las necesidades reales de la ciudadanía.
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