La Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha valorado positivamente la reciente aprobación del Real Decreto que regula la redistribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades y ciudades autónomas de España. Según Moh, este decreto «responde a un criterio objetivo, de justicia y equilibrio» y garantiza un trato igualitario para todos los territorios.
El nuevo mecanismo, considerado estructural y solidario, aplica criterios como la población, la renta per cápita, la tasa de paro y el esfuerzo previo de acogida para la redistribución de menores migrantes. Moh destacó que «ningún territorio tendrá que soportar en solitario una presión que en determinados momentos puede ser inasumible».
Moh recordó que Melilla ha enfrentado anteriormente una alta presión en la gestión de menores migrantes, y la falta de un mecanismo como este dificultó la administración. La capacidad ordinaria para Melilla se ha fijado en 28 menores, y Moh afirmó que el nuevo sistema asegura un reparto justo y claro.
La medida, según Moh, no solo es relevante para Melilla, sino que aborda una cuestión nacional que requiere solidaridad y responsabilidad compartida entre los territorios. «No podemos dar respuestas puntuales a situaciones como esta. Lo que necesitamos son respuestas estructurales, con visión de futuro», remarcó.
El mecanismo para establecer la capacidad ordinaria se basa en un cálculo objetivo y transparente, donde las comunidades autónomas deben certificar el número de menores migrantes no acompañados al final de cada año. Con estos datos, se determina la capacidad ordinaria de cada comunidad en función de su población.
Moh hizo hincapié en que el sistema no discrimina ni favorece a ninguna comunidad, sino que ofrece una visión real de la situación con datos certificados. Sin embargo, algunas comunidades superan la capacidad ordinaria, como Melilla, Ceuta o Canarias, haciendo necesario el cumplimiento obligatorio del reparto solidario.
La Delegada calificó de «incomprensible y poco responsable» que algunas autonomías no colaboren en el proceso, criticando medidas sin presentar los certificados necesarios. Moh enfatizó la importancia de la colaboración en la protección de la infancia.
Finalmente, Moh resaltó que el mecanismo alivia la presión sobre territorios como Canarias o Ceuta y garantiza los derechos y la atención adecuada de los menores migrantes. «La medida va acompañada de financiación y refuerza a los sistemas autonómicos de protección de la infancia», concluyó.
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