La Dirección General de la Marina Mercante ha suspendido este lunes de manera provisional el nuevo contrato marítimo que ha sacado a licitación el Gobierno de España para garantizar las conexiones marítimas de Melilla con Málaga, Almería y Motril (Granada) a la espera de que resuelva el recurso de impugnación que presentó hace dos semanas la naviera ‘Armas Trasmediterránea’.
Para el PP es una “mala noticia” que el Ejecutivo central “haga mal las cosas y tengan que venir otros organismos a paralizar la acción del Gobierno”. No obstante, ven con buenos ojos la paralización de dicho proceso, ya que disponen de “un margen” para que el Gobierno de la Ciudad Autónoma eleve al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todas aquellas reivindicaciones que consideran “necesarias.”
“Nuestro contrato marítimo es una obligación de servicio público y, por lo tanto, tiene que ir dirigida a los melillenses, a mejorar el transporte de los melillenses y a garantizar la conectividad de los melillenses con la península”, subraya ante los medios la diputada nacional por Melilla, Sofía Acedo.
Por ello, ve esencial garantizar “unos precios asequibles” para los ciudadanos tanto residentes como para los no residentes para que no lastre la política turística del Gobierno local.
En segundo lugar, aboga por aumentar el número de frecuencias con las tres ciudades andaluzas.
Por otro lado, ve un sinsentido que “se exija” solo un barco de menos de cinco años de antigüedad cuando Melilla cuenta con más de una ruta. “Es importante que se trabaje en un contrato marítimo dirigido a garantizar la conectividad del melillense en términos de calidad y de manera asequible, y para que no se penalice al no residente elevando los precios de los camarotes”, señala Acedo.
Otra cuestión “capital” a su juicio, que tal y como recuerda denunció el PP hace varios años, es la reserva del 10% para la Obligación de Servicio Público (OSP). Algo que, según señala, “no había pasado nunca en ningún contrato marítimo” hasta la llegada del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
“El establecer un porcentaje de OSP significa que todo lo que salga fuera de ese porcentaje va al mercado libre. Por lo tanto, no está garantizada la OSP para los melillenses. Esto es inaudito”, dice indignada, instando a los responsables máximos a que lo regulen.
En conclusión, Acedo cree que “este tirón de orejas” al Gobierno central por el nuevo contrato marítimo les permite remitir al Ministerio de Transporte “todas aquellas cuestiones” que el PP ha analizado al detalle”. “Porque nosotros sí que queremos una OSP que garantice nuestra conectividad en términos de calidad, de manera asequible y que, además, nos ayude a impulsar la industria del turismo en Melilla”, remata.
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