Poner coto al delito

Los cuerpos de seguridad siempre han trabajado duro para poner coto al delito en Melilla, aunque en algunos foros se quisiera hacer ver lo contrario. Y si bien es cierto que el año pasado aumentaron los delitos y las faltas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local han conseguido dar la vuelta a la tortilla a las estadísticas El debate de la inseguridad que tantas vueltas dio el año pasado, alimentado sobre todo por algunos alarmistas en las redes sociales, parece haber quedado zanjado por la realidad de lo que ocurre en nuestras calles. Los cuerpos de seguridad siempre han trabajado duro para poner coto al delito en Melilla, aunque en determinados foros se quisiera hacer ver lo contrario. Y si bien es cierto que el año pasado aumentaron los delitos y las faltas, algunos de manera muy considerable, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local han conseguido dar la vuelta a la tortilla a las estadísticas para volver a la senda del descenso en las tipologías penales. Los delitos y faltas han bajado en lo que va de año un 3,6%, y otros que preocupan mucho a los ciudadanos, como son los robos con fuerza y la sustracción de vehículos a motor, también han descendido en una mayor proporción aún. Pero todavía hay que trabajar más para conseguir esa misma tendencia en otros delitos que sí han subido, como los robos con fuerza en domicilios
Melilla vuelve a la dinámica a la que estaba acostumbrada en los últimos años, en los que obtuvo buenos resultados en los balances de criminalidad que periódicamente hace el Ministerio del Interior, situándose varias veces consecutivas entre las ciudades más seguras de España. Por eso posiblemente los aumentos de delitos y faltas que hubo en 2013 provocaron que la inquietud social se sobredimensionara, gracias también al empuje de los grupos de la oposición y grupúsculos muy activos en las redes sociales. En algún foro concreto de Facebook consiguieron hacer del miedo social un perfecto caldo de cultivo contra quienes nos gobiernan, y para ello ejercieron -muchas veces tras una careta o pseudónimo- como altavoces de delitos cotidianos y otros inventados para echar más leña al fuego. Un claro ejemplo fue lo ocurrido en la feria, en la que es cierto que hubo incidentes, pero no tan graves como algunos muy acostumbrados a jugar a ser periodistas llegaron a decir, hasta el punto de hablar incluso de muertes en el recinto ferial. Aquella noticia, como otras tantas que corren a diario por esos foros, era falsa y totalmente inventada, con el objetivo de provocar el miedo y desanimar a los melillenses a que no fueran a disfrutar de sus fiestas patronales, y por ende acusar después al Gobierno de fracaso en la organización de la feria.

Muchas veces hemos hablado en estas líneas de la necesidad de hacer un uso responsable de las redes sociales, sobre todo a la hora de hablar de asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos, como es la seguridad. Pero también cuando se trata de opinar de terceros, aunque sean personajes públicos o de relevancia. Ya lo dijimos el otro día, la libertad de expresión tiene sus límites en los derechos de los demás. A ello hay que añadir otra aclaración que desde hace unos días circula también por las redes: "No existe el derecho a insultar ni tampoco a amenazar, nadie tiene derecho a difundir odio. La libertad de expresión no ampara los crímenes como la difamación, difundir noticias a sabiendas ni revelar datos de carácter personal. Ningún derecho concede derecho para violar el resto de derechos". La Justicia también comparte esta opinión, ya que acaba de darse una sentencia pionera por insultar en las redes sociales. Un joven ha sido condenado por un delito de injurias contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, a través de las redes sociales. Un caso idéntico o muy parecido al del juicio que se celebró el lunes por los insultos que recibió en Facebook el Editor de MELILLA HOY, Enrique Bohórquez López-Dóriga, por parte de la dirigente de PPL, Mari Nieves Vida. Estos hechos son demostrativos de que la responsabilidad es necesaria y exigible también en el mundo virtual de Internet, donde también hay que poner coto al delito.

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