Plan específico para el control de presos yihadistas

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene a cerca de 180 presos sometidos a un plan específico de vigilancia, entre ellos varios de los detenidos en Melilla, por riesgo de radicalización yihadista en todo el país, según datos de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que esa cifra es superior al número de personas actualmente en prisión por haber cometido delitos relacionados con este tipo de terrorismo, en torno a 90. En esa cifra total bajo vigilancia se incluyen personas que profesan la religión islámica o personas marginales y vulnerables susceptibles de ser captadas. Según los expertos, a la hora de hacer proselitismo en prisión, los radicales buscan principalmente presos que cumplan penas no superiores a los tres años y que puedan salir libres pronto con instrucciones de continuar sus actividades radicales en el exterior, sin descartar alguna acción terrorista.

El 'Programa de Intervención con los Internos Islamistas en los Centros Penitenciarios', creado en julio de 2014, es uno de los planes de Interior sobre los que pivota esta estrategia centrada en los presos que "responden a planteamientos organizados, extremistas y violentos o pretenden utilizar el medio penitenciario para reclutar adeptos a su ideología radical".

Se introducen medidas concretas de actuación como "examinar las eventuales relaciones de algunos de los terroristas ingresados en prisión con personas con detenciones anteriores, con independencia de que hayan sido condenadas por terrorismo o por otros delitos". "Por tanto, hay que observar las comunicaciones y visitas con estas personas, las relaciones establecidas entre ellos o con terceros y las relaciones con otras formas de delincuencia organizada o terrorista", precisa el plan al que tuvo acceso Europa Press.

Informes semanales
El programa otorga a los subdirectores de Seguridad de cada cárcel la función de coordinar toda la información que se recibe sobre los presos afectados y elaborar un informe cada semana "con las propuestas que consideren relevantes". Otro punto clave es el control de las comunicaciones de "cara a prevenir eventuales incidentes y constatar los indicios de radicalización" y se extrema "un especial cuidado en el control y evolución de los de los procedimientos de expulsión de los presos incluidos en el Programa, de forma que no se frustre su finalidad por decisiones de la Administración Penitenciaria".

Por otro lado, se hace hincapié en "el necesario conocimiento y reseña de textos, grabaciones u otros sistemas de almacenamiento de audio o video que pudieran contener reflexiones o discursos de autores radicales". "No se autorizará la tenencia de estos materiales por favorecer el reclutamiento o la radicalización, procediendo también a la intervención de los mismos cuando se detecten en los registros o cacheos", zanja.

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