Las ONG han contestado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que el debate no es si quitar o no las fronteras, o a qué 'dirección' enviar a los inmigrantes, sino el modo en que se gestiona el perímetro en Ceuta y Melilla para no vulnerar derechos que son fundamentales. Aseguran que hay alternativas a la devolución en caliente, las mismas que se aplican cuando grupos de personas llegan en patera a las costas españolas. La responsable del área jurídica de Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo, resume en declaraciones a Europa Press, el sentir de las más de 120 ONG que firman un manifiesto exigiendo la retirada de la disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana que legalizará las devoluciones en caliente al reformar la de Extranjería: “Esta no es una discusión sobre quitar o no las fronteras”. “Reconocemos la legitimidad de los Estados para controlar los flujos migratorios. Lo que decimos es que no se puede hacer a cualquier precio, que hay líneas rojas que no pueden cruzarse y que existe un marco legal español y comunitario muy claro en ese sentido: las personas que sean interceptadas intentando entrar de forma irregular tienen que ser identificadas en comisaría con un abogado y un intérprete y en su caso, se les debe incoar un expediente de devolución a su país”, explica.
Manzanedo insiste en que “esta es la alternativa” y es la misma que se sigue en las costas españolas. “Con ese procedimiento habrá gente que pueda quedarse y gente que no, que tendrá que ser repatriada, para lo que habrá que hablar con sus países de origen. Es lo que se está haciendo con las entradas irregulares en patera, se les incoa un expediente de devolución. Sólo en Ceuta y Melilla se está gestionando la frontera con medidas de facto y utilizando la violencia”, expone.
La abogacía: cuestión de dinero
Aplicarlo en las ciudades autónomas costaría dinero, principalmente en infraestructuras y personal para poder atender y procesar ágilmente cada uno de los casos, conforme recordaba el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Paco Solans, en unas declaraciones a Europa Press. “No existe un problema jurídico, sino un problema de medios. Es perfectamente viable cumplir la ley, pero cuesta un dinero que no se quiere gastar”, señaló. “Que pongan a la Guardia Civil no sólo las dos oficinas para pedir asilo, sino los medios para poder recibir a la gente que cruza, tramitar el expediente de devolución inmediatamente, admitir a los que se tengan que admitir y devolver al día siguiente o en horas a esa persona por la puerta. Eso es lo que se tiene que hacer legalmente, pero cuesta dinero”, dijo este experto en extranjería cuando se introdujo la enmienda al proyecto de Seguridad Ciudadana.
La red Migreurop ofrece su alternativa en “cuatro medidas realizables” que han defendido en foros nacionales e internacionales: cumplir la ley de asilo garantizando mecanismos de acceso más allá de la frontera española, apoyar la regularización de migrantes emprendida por Marruecos, apostar por la reagrupación familiar de los migrantes cuyo proyecto es reencontrar en Europa a sus parientes y repensar la política de visados en África para que la inmigración ordenada y regular a la que se aspira sea factible.
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