El Gobierno de Melilla ha anunciado que solicitará la declaración de contingencia migratoria con el objetivo de que todo menor migrante no acompañado que acceda a la ciudad autónoma de manera irregular tenga que ser trasladado a la península en un plazo máximo de 15 días.
La consejera de Políticas Sociales Randa Mohamed ha explicado que, a tenor de lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ciudad autónoma, que dispone de 28 plazas para menores migrantes, deberá asumir “hasta tres veces su capacidad ordinaria” de acogida, alcanzando las 84 plazas, que se considera ya “sobreocupación”.
Ha explicado que la localidad norteafricana acoge actualmente un total de 175 menores migrantes, lo que refleja “la enorme presión migratoria que sufrimos y que sufre este sistema de protección local”.
El procedimiento previsto para el traslado de estos menores que ya se encuentran dentro del sistema, ha proseguido, contara con un plazo de cuatro meses y es un procedimiento que desarrollará la Delegación del Gobierno en Melilla.
Por otro lado, Mohamed ha considerado “totalmente insuficiente” la cuantía de 900.000 euros que se ha destinado a Melilla para cubrir la “sobreocupación y los traslados”, ya que asegura que el “coste real” para atender a cada menor en situación de sobreocupación es “muy superior”.
“La Ciudad Autónoma lleva muchísimos años financiando toda la sobreocupación que hemos estado sufriendo en esta ciudad, y 900.000 euros se queda muy, muy corto con lo que nos tiene que pagar el ministerio”, ha criticado.
“La realidad es que lo suyo es una hipocresía de manual”, ha reprochado, avisando que “favorecer la inmigración irregular a España y dar carta de naturaleza a las vías irregulares y desentenderse después de las personas provoca vulnerabilidad, inseguridad, hambre e indigencia”.
“Melilla es una ciudad tensionada que necesita soluciones estructurales y, al final, este Real Decreto no da esas soluciones estructurales”, ha lamentado, criticando el “fracaso reiterado” del Gobierno central en este asunto.
La dirigente popular ha admitido que teme el “efecto llamada” que puede provocar el Ejecutivo central, convirtiéndose en “el último eslabón de las mafias que trafican con seres humanos”, así como denuncia el “vacío legal” que permite que individuos se infiltren haciéndose pasar por menores.
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