Consideran “extremadamente grave” la decisión de archivar estas investigaciones y consideran que hay “impunidad”
Más de 150 asociaciones y ONG han expresado públicamente su rechazo a la decisión de la Fiscalía de archivar “la tragedia del 24-J en la valla de Melilla”. Estas entidades, entre las que se encuentran CEAR, Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita a Migrantes, Oxfam, Solidary Wheels No Borders For Human Rights o No Name Kitchen, han firmado un comunicado en el que consideran “extremadamente grave” la decisión de archivar estas investigaciones y consideran que se está dando una “impunidad”.
Estas entidades continúan exigiendo una investigación independiente e imparcial de los hechos, así como la determinación de responsabilidades y la garantía de no repetición, como pilares fundamentales de un estado de derecho.
“Seis meses después de la tragedia y en estas fechas tan marcadas, estamos siendo testigos de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas; en la falta de asunción de responsabilidades y en la negación de los hechos”, han insistido las más de 150 ONG que se han sumado a este escrito.
A su juicio, el hecho de que el Ministerio Público haya descartado “la participación de España en la muerte y desaparición de decenas de personas, en contra de las evidencias que han sido publicadas desde el momento de los hechos”, es “una noticia que pone de manifiesto la necesidad de que se realice una investigación independiente e imparcial”.
Así, señalan que el pasado 24 de junio se produjo “la muerte de al menos 40 personas” en su intento de entrar a Melilla y la desaparición de otras 77 “que continúan en paradero desconocido”, según las cifras de Caminando Fronteras.
“Las imágenes sobre lo ocurrido el 24 de junio en la frontera entre Melilla y Nador, junto con los reportajes periodísticos publicados, los testimonios recogidos, la resolución de Defensoría y el último informe publicado por Amnistía internacional ponen en evidencia unos hechos que no pueden quedar impunes y la necesidad de que se determine la responsabilidad tanto de España como de Marruecos”, insisten.
Asimismo, estas ONG recuerdan que Amnistía Internacional señaló que las muertes “estarían relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, así como del uso indebido de material antidisturbios, concretamente pelotas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro”.
Y otra cuestión que reseñan como “grave” es que “la Fiscalía, en su resolución, avala las devoluciones en caliente de 470 personas; devoluciones que han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso a un procedimiento con garantías y al derecho de asilo, vulnerando el derecho internacional y nacional”.
Para estas entidades, “es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición”. No en vano, señalan que la Fiscalía ha reconocido y constatado en su escrito el lanzamiento de piedras por parte de la Guardia Civil, aunque asegura que no se provocaron lesiones graves, y deja en mano de la Guardia Civil la posibilidad de sanción de estos agentes, descartando sanciones penales.
Al hilo, recuerdan que “el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado en reiteradas ocasiones la falta de investigaciones por parte de los Estados ante un alarmante uso de la violencia, devoluciones en caliente y malos tratos en las fronteras de la Unión Europea”.
