Por otra parte, el informe aborda la situación en Ceuta y Melilla y recuerda a la Administración que en las oficinas de asilo inauguradas en marzo del año pasado “no se ha recibido ninguna solicitud de protección internacional de ciudadanos subsaharianos” lo que, en contraste con las cifras de entradas irregulares a las ciudades autónomas por otras vías, “permite afirmar que este colectivo no tiene acceso al puesto fronterizo y, por tanto, no tiene acceso al procedimiento”.
“El Defensor del Pueblo considera que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en riesgo sus vidas. Para ello deben encontrarse vías de acuerdo con Marruecos para que permita el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo”, sentencia.
