Los miembros del gobierno que son funcionarios podrían verse obligados a devolver el dinero del plus de residencia

Ya ocurrió con los consejeros y viceconsejeros del gobierno de Melilla que no son electos, que tuvieron que ser cesados después de una sentencia afectara a sus homólogos ceutíes, al ser ambas ciudades autónomas, y ahora podría ocurrir con otra sentencia, que afecta al plus de residencia que han cobrado los cargos del gobierno que son funcionarios y que se podrían ver abocados a tener que devolver este dinero. No solo consejeros, también viceconsejeros, directores generales y otros cargos gubernamentales.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla ha declarado contraria a derecho la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta que desde hace veinte años permite a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales como miembros del Gobierno autonómico el cobro de la indemnización por residencia además de sus remuneraciones ordinarias, entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.

El TSJA ha estimado el recurso interpuesto en 2017 por Ciudadanos (Cs) contra el pago de ese plus al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y otros consejeros, directores generales y altos cargos al considerar que contraviene lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local sin que la administración local pudiese ampararse para sostenerlo en su Estatuto de Autonomía o cualquier otro desarrollo normativo propio.

El ex diputado de Cs en la Asamblea regional, Javier Varga, asegura que este fallo judicial obligará a todos los afectados a devolver las cantidades percibidas desde cuatro años antes de la presentación del recurso y hasta la actualidad. La Sala ha anulado la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que habilitaba a los funcionarios de carrera que ocupasen los cargos de vicepresidentes de la Asamblea, presidente de la Ciudad, consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete y subdirectores generales a "percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia" junto con sus remuneraciones presupuestadas. "De lo que se trata", concreta el veredicto, “es de fijar las retribuciones correspondientes no de funcionarios que se desplazan para ocupar sus destinos, sino de quienes de forma voluntaria consienten en participar en procesos electorales con objeto de formar parte de la Asamblea de Ceuta". La Ciudad Autónoma de Ceuta va a recurrir la sentencia del plus de residencia ante el Tribunal Supremo, lo hará presentando un recurso de casación ante dicho órgano judicial. El Gobierno pretende evitar tener que pagar unas cantidades elevadas que se le exigen, entre 60.000 y 90.000 euros por persona si les afecta los cinco años y una cantidad menor a los que llevan menos tiempo.

Los que están en la misma situación en Melilla, es decir los cargos del Ejecutivo durante los últimos cinco años que son funcionarios, deben estar expectantes porque de lo que ocurra en Ceuta, se sabrá también si la medida les afecta a ellos también.

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