La investigadora del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Cristina Cortázar, ha indicado que España está “faltando flagrantemente” en Ceuta y Melilla la garantía de los derechos humanos pues la normativa confirmada por el Tribunal de Estrasburgo establece que ningún país europeo puede devolver a una persona que se encuentra bajo su jurisdicción a otro país donde vaya a sufrir torturas o trato inhumano y degradante. Así lo aseguró ayer Cortázar durante la presentación de un documento del Servicio Jesuita al Migrante (SJM) que contiene reflexiones y propuestas ante las elecciones al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración.
Cortázar, tras regresar de una reunión en Bruselas con 29 expertos en migraciones, concluye que no existe “ningún resquicio” por el que el Estado español “pueda hacer valer que estas devoluciones en caliente son conformes a la legalidad vigente”. En esta línea, ha denunciado que se quiera modificar “a toda prisa” la Ley de Extranjería, según supone, “para legalizar estas devoluciones”.
De hecho, la experta ha apuntado algún caso reciente en que algún tribunal europeo ha condenado a países de la UE –Grecia, Bélgica e Italia– “por hacer cosas menos graves de las que está haciendo España”. Concretamente, ha explicado el caso MSS, un solicitante de protección internacional que entró en la UE por Grecia donde fue ingresado en un centro para inmigrantes y que sufrió tratos inhumanos.
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